­No hubo sorpresa. Los rectores de las diez universidades públicas andaluzas se ajustaron ayer al guión establecido y también mostraron su rechazo a la reforma universitaria que promulga el Gobierno central y que aprobó el pasado viernes. En principio, descartan la aplicación inmediata de lo que ya se conoce como 3+2 de Wert, que supone la reducción de un año en la duración de los grados y la ampliación de uno en la de los másteres. El CAU (Consejo Andaluz de Universidades), que se reunió ayer de forma extraordinaria tras la convocatoria de urgencia realizada por la Junta de Andalucía, repitió el mensaje ofrecido el lunes por su hermano mayor, la CRUE, que ya advirtió de que no aplicará esta reforma hasta el curso 2017, aplicando así, al menos, una moratoria de tres años.

Los rectores piden tiempo. Por este motivo, ayer unificaron su actuación en Andalucía y no llevarán a cabo esta reordenación que establece el decreto hasta que no evalúen los resultados del plan vigente, emanado de Bolonia. Es lo que dijo el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, José Sánchez Maldonado, tras la reunión mantenida con la presidenta, Susana Díaz, que ya dejó clara desde el principio su apuesta por no aplicar la reforma.

El lunes, la Conferencia de Rectores (CRUE) acordó por amplia mayoría una moratoria de dos cursos. Las universidades se reunieron también de forma extraordinaria para discutir la reforma que flexibiliza la duración de las carreras. Ayer, por su parte, el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de Cádiz, Eduardo González, aclaró que no será una moratoria «pasiva», sino que mantendrán reuniones en este tiempo para abordar los aspectos de una reforma para la que con anterioridad se pretende analizar los resultados del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES).

Es el mismo discurso que utilizó ayer el vicerrector de Coordinación Universitaria de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, para quien esta reforma de las titulaciones universitarias que plantea el ministro José Ignacio Wert es un «decreto inoportuno». En este sentido indicó que el decreto supone implantar en la universidad «tres diferentes sistemas» cuando aún no se han hecho las evaluaciones oportunas. Es decir, que desde su punto de vista, lo primero que hay que hacer es «evaluar» el plan de enseñanza universitaria vigente para saber qué hacer «adecuadamente» en el futuro.

Tras mantener una reunión con la presidenta de la Junta, el portavoz de la AUPA destacó la coincidencia de las partes con el acuerdo alcanzado por los rectores a nivel nacional y calificó de «razonable» el pacto alcanzado con Susana Díaz y los representantes de los estudiantes universitarios. La presidenta manifestó a los rectores y estudiantes su apoyo a la moratoria del sistema, a la actual estructura de los grados de 4 años y, «por tanto, a su financiación», resumió Eduardo González.