La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla para que ordene a la juez Mercedes Alaya la división en más de 200 piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y ha reiterado su advertencia de que el no hacerlo podría llevar a una instrucción «sine die» y a la prescripción de algunos de los hechos investigados.

En el recurso, el Ministerio Público señala que «no proceder a la división de la causa en piezas se traduce en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada unas de las piezas», lo que supone «una instrucción sine die», y también se traduce en «admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos».

La Fiscalía critica que Alaya obvia el posicionamiento sobre la división de la causa, «no ya sólo en razón de la materia sino también de los sujetos presuntos responsables, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».