La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al instructor del caso ERE en este órgano, Alberto Jorge Barreiro, que cite a declarar, en calidad de imputados, al que fuera Interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez y al exconsejero de Empleo Antonio Fernandez García.
Los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar han realizado esta petición en un breve escrito en el que señalan que ambos ex altos cargos ya aparecen como imputados en la causa que tramita la juez Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla, y que su testimonio se precisa porque desempeñaron sus cargos durante el periodo de los hechos sometidos a investigación en el alto tribunal.
La petición se realiza coincidiendo con la finalización por parte del instructor del calendario de comparecencias de los cinco aforados en la causa, que ha concluido este martes con la declaración de la senadora y exconsejera de Presidencia Mar Moreno.
La declaración en el Supremo de Gómez Martínez también ha sido solicitada por Manos Limpias, personada como acusación popular en la causa abierta en el Tribunal Supremo.
Esta parte justifica su decisión en las declaraciones prestadas en su día como imputados por los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y por el exconsejero José Antonio Viera, quienes coincidieron en manifestar que no tenían conocimiento de los reparos y de las advertencias de ilegalidad efectuados por el exinterventor al sistema de concesión de las ayudas socio-laborales.
Por su parte, el propio exinterventor manifestó también su interés en testificar ante el alto tribunal al considerar "inverosímil" la versión del Griñán de que no conocía los informes de la Intervención.
En una reciente entrevista radiofónica Gómez declaró que la Intervención General "no estaba perfectamente al tanto" de lo que ocurría en la Consejería de Empleo porque "no podía fiscalizar las subvenciones" que gestionaba este departamento y que fue a través de las auditorías que realizaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) como se detectó que había un área de gestión pública "sin control de la Intervención".
El resultado de esas auditorías, según detalló entonces el exinterventor, fue comunicado a tres miembros del Gobierno de la Junta, los consejeros de Empleo, Hacienda e Innovación porque ellos "eran los destinatarios legales" de las mismas.
Así las cosas, Gómez estableció una diferencia entre la situación de Griñán y la de Manuel Chaves porque en el periodo en el que ocurrieron los hechos, este último fue "presidente y solo presidente" de la Junta y es "perfectamente posible" que "ninguno de los tres consejeros hubieran considerado necesario darle traslado del contenido de los informes".
