El procedimiento de concesión para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) se paralizó ayer, por orden de la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, después de que una juez alertara en un auto de posibles irregularidades y de falta de rigor en el proceso. Este hecho, además, dificultará aún más el proceso de investidura de la socialista, ya que los partidos que deberán apoyarla (PP, Podemos o Ciudadanos) han elevado el tono de sus críticas y le han pedido explicaciones.
La titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla emitió ayer un auto en el que reprocha a la Junta de Andalucía que concediera «sin el más mínimo rigor» la explotación de esta mina, que está marcada por el desastre ecológico del 25 de abril de 1998, cuando la rotura de la balsa de residuos mineros vertió al río Guadiamar seis hectómetros cúbicos de lodos y aguas ácidas.
Según el auto de la juez, no se ha apreciado que la empresa ganadora, Minorbis -formada por la multinacional Grupo México y la cordobesa Magtel-, «cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación». La juez subraya que se ha incurrido en una posible vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público así como de las medidas incluidas en un decreto ley de 2013 para garantizar que la explotación de la mina se hiciera con las mejores condiciones científicas, técnicas, de seguridad y ambientales, así como con las mayores ventajas económicas y sociales.
El pronunciamiento de la juez Patricia Fernández se produce tras la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso, resuelto por la Junta el pasado 20 de febrero.
El Gobierno andaluz defendió ayer la «legalidad y transparencia» del concurso y aseguró que el procedimiento «se adecuó a la legislación estatal y autonómica».
Díaz, por su parte, ordenó paralizar el proceso y quiso dejar claro que la concesión contó «con la presencia de la Intervención de la Junta y de los servicios jurídicos», porque «siempre se ha buscado el máximo de transparencia». Señaló que ante cualquier sospecha que tenga un juez en cualquier procedimiento o adjudicación de la Junta hará lo mismo, «ordenar que se paralice la concesión». «No me va a temblar el pulso y seré implacable», apuntó, si bien insistió en la necesidad de que «este tema se aclare cuanto antes, porque hay miles de personas esperando».
El secretario general de Industria y Energía, Vicente Fernández, confió en que se archivará el proceso judicial abierto y puso «la mano en el fuego» sobre la «limpieza» del caso.
La noticia irrumpió en plena negociación de los partidos para la investidura de Díaz y supuso incluso que el PP suspendiera temporalmente el diálogo con el PSOE hasta que la presidenta dé explicaciones sobre lo ocurrido. El líder del PP-A, Juanma Moreno, lamentó que Andalucía sea noticia nacional «una vez más» por la «nefasta falta de transparencia» de la Junta, y dijo que los ciudadanos merecen que Díaz «aclare qué ha pasado en el concurso».
Moreno consideró que la socialista tiene una «gran oportunidad» para explicar cómo ha sido el procedimiento de adjudicación de la mina y advirtió de que no va a permitir que «el buen nombre de Andalucía siga arrastrándose por el lodo de la corrupción».
Ciudadanos, asimismo, reclamó «explicaciones políticas para ver qué ha pasado y si tiene razón la juez en las afirmaciones que realiza», mientras que recordó que las responsabilidades penales será la justicia quien las determine.
El secretario de Organización de IULV-CA, Toni Valero, recordó que su formación ya advirtió de que la adjudicación de la mina de Aznalcóllar había sido fraudulenta, y subrayó que ésta fue la primera decisión que adoptó el Gobierno andaluz después de «expulsar» a su formación, en referencia a la ruptura del pacto de gobierno por parte de Díaz.
Podemos ya anunció el martes por la noche, tras una reunión con el PSOE y antes de que se conociera el caso de la mina de Aznalcóllar, que seguirían votando contra la investidura porque no había un avance en los compromisos concreto y verificable.
