La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, que divida el caso de los ERE en piezas separadas, como también han solicitado el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a lo que que se negó la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya.
En un escrito con fecha de 18 de junio, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía solicita la división del caso en una pieza relativa al procedimiento específico de concesión de ayudas, otra que afecte a las sobrecomisiones pagadas en los expedientes y otra pieza por cada ayuda sociolaboral o directa concedida a las empresas.
Esta última podría suponer que se formaran otras 200 piezas, según la Fiscalía, que hace su petición de división dos días después de la salida de Alaya de la titularidad del juzgado.
La Fiscalía, si se acepta su petición, que hace por "economía procesal", aceptaría retirar el recurso de apelación que presentó a la Audiencia de Sevilla ante la negativa de Alaya a separar el caso en piezas.
La Fiscalía recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pidió en abril de este año la separación en varias piezas del caso de los ERE, que acumula 272 imputados, y hace referencia a la sentencia del Supremo del 3 de junio pasado relativa al denominado caso Cooperación de Valencia, en la que se defiende la división del caso.
Ese caso supuso la condena al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco, que el pasado 15 de junio ingresó en la prisión de Picassent (Valencia) para cumplir una sentencia de seis años y medio de cárcel por el desvío de fondos públicos dirigidos a cooperación internacional en Nicaragua.
Los fiscales admiten la posibilidad de que la división de la causa provoque "pronunciamientos contradictorios", aunque consideran que "entre los tres bloques que se proponen no sería relevante tal contradicción, ni tampoco que se diera tal contradicción en el primer bloque si este responde a los hechos objeto de enjuiciamiento".
"La preocupación de esta Fiscalía es precisamente conseguir que estos pronunciamientos se puedan dar en fase de enjuiciamiento, evitando la impunidad de conductas y que se pueda recuperar en sentencia los fondos presuntamente malversados", añade el escrito.
Con la pieza del procedimiento específico de concesión de ayudas, la Fiscalía entiende que "se trata de proponer la persecución y condena, en su caso, en piezas separadas de todos los que hayan contribuido conscientemente al presunto menoscabo de los fondos públicos de la Junta de Andalucía".
Anticorrupción prevé otra pieza sobre las comisiones para perseguir las primas pagadas por la Junta de Andalucía "muy superiores al precio de mercado", lo que permitió, a la mayoría de los agentes que intervinieron en el proceso, garantizarse "una participación ilícita en el reparto de los fondos" públicos.
La Fiscalía apunta que "este plan de enriquecimiento ilícito se trasluce con claridad en los relatos de los hechos imputados" a los directivos de las mediadoras Vitalia y Uniter y de Estudios Jurídicos Villasís.
El tercer bloque, con una pieza por cada ayuda, se refiere al hecho de que "los perceptores de las ayudas se han visto beneficiados de cantidades de dinero procedentes de fondos de la Junta de Andalucía sin sujeción a procedimiento alguno, u obviando los más elementales principios de publicidad, eficiencia y justicia social".
Cada expediente delimita las ayudas recibidas y los participantes, señala la Fiscalía antes de poner de manifiesto "los problemas de continuidad y de penalidad" que pueden derivarse de la "concurrencia" en muchos de los expediente de las mismas personas imputadas, como los directivos de la dirección general de Trabajo.
La Fiscalía se refiere el problema, "en especial", que se produciría con el ex director general Francisco Javier Guerrero "por al amplio periodo de tiempo y el volumen de pagos acordados" bajo su mandato.
