25 de junio de 2015
25.06.2015
Resumen desde 2013

El caso de los ERE, hacia un escrutinio general de la Junta

25.06.2015 | 14:32

El caso de los ERE fraudulentos, que comenzó en 2009 investigando comisiones ilegales en Mercasevilla, se ha convertido en 16 causas en las que dos jueces de Sevilla investigan ahora a nueve empresas públicas andaluzas, las ayudas y avales otorgados por casi todas las consejerías y el presunto desvío de fondos concedidos a UGT.

Abogados conocedores del caso de los ERE han dicho a Efe que las causas abiertas en noviembre pueden acabar en procesos más largos que los actuales, con decenas de nuevos imputados y con una investigación que superará los 200.000 folios que ya acumula el sumario de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investigaba los ERE y otras ayudas de la Junta, amplió luego a la Operación Heracles sobre el cobro de sobrecomisiones y, finalmente, al posible desvío a gastos internos de UGT de los fondos que recibía de la Junta para formación de parados.

En noviembre entró en escena el juez de instrucción 16, Juan Gutiérrez Casillas, quien acordó que sus indagaciones llegaran a la empresa de capital riesgo Invercaria (con 17 imputados) y abrir piezas separadas sobre la Radiotelevisión de Andalucía (RTVA) y otras ocho empresas públicas por el uso de las llamadas transferencias de financiación para, presuntamente, eludir los controles de la Intervención.

Se trata de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la Agencia de Promoción Exterior (EXTENDA), la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (EPDASA), la Empresa de Gestión de Infraestructuras (GIASA), Turismo Andaluz (TURASA) y la Empresa Pública del Suelo (EPSA)

También en noviembre pasado, la juez Alaya decidió ampliar su investigación sobre los ERE a las ayudas, incentivos, avales y préstamos de cualquier consejería a un grupo de 26 empresas entre 2001 y 2011.

El caso de los ERE acumula ya 133 imputados entre "intrusos", mediadores y altos cargos de la Junta, a los que se unen los expresidentes andaluces Manuel Chaves, José Antonio Griñán y cinco exconsejeros "pre imputados" por Alaya.

De las causas investigadas por Alaya, sólo tiene sentencia el primer sumario sobre la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros para adjudicar la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, saldado con una condena de 21 meses de inhabilitación para Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla, y los máximos directivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.

Tras ese sumario, Alaya abrió diligencias por lo que denominó "venta fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla (19 imputados), por el delito societario en la lonja (tres imputados) y por los ERE de Mercasevilla en 2003 y 2007, que acabó extendido a varias decenas de ERE financiados por la Junta y otras ayudas sociolaborales.

Alaya mantiene otras dos causas bajo secreto sumarial: la referida al desvío de fondos en las sobrecomisiones que cobraban los mediadores y la Operación Madeja por presunta financiación ilegal del PSOE sevillano.

En la rama por las sobrecomisiones, la Guardia Civil sostiene que UGT y CCOO cobraron en ocho años un total de 7,6 millones de euros de las mediadoras Vitalia y Uniter y que "trataron de justificar como trabajos de recopilación de datos o asesoramiento".

En el caso de los ERE, la causa empezó centrada en los "intrusos" y el principal acusado, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, pero ha pasado a las llamadas transferencias de financiación usadas para pagar las ayudas, que según Alaya tendrían por objeto eludir los controles de la Intervención y cuyo "uso perverso" ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción en varios escritos.

Los imputados, por contra, argumentan que se trataba de "una norma legal emanada del Parlamento de Andalucía" cuya legalidad no fue impugnada por el cauce legal adecuado.

La juez Alaya lleva cuatro años convertida en azote de la Junta con sus vehementes autos y citación de imputados en vísperas electorales, aunque en las últimas semanas ha pasado de definirse a sí misma como "incansable" a lamentar su carga de trabajo que "excede de las capacidades personales".

Abucheada como "fea, hortera y pepera" por sindicalistas que la esperaban a la puerta de los juzgados y obligada ya a llevar escolta policial, la juez ha recibido el apoyo de la Junta de Jueces de Sevilla por "su enorme esfuerzo profesional, personal y familiar" en cumplimiento del deber de "tutelar y defender los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos".

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