El magistrado que instruye el caso ERE en el Supremo ha pedido al tribunal que tramite el suplicatorio ante el Parlamento para inculpar al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chavez y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, mientras que inculpa al también expresidente José Antonio Griñán.
El suplicatorio se pide para todos por prevaricación administrativa y, en el caso de Viera, además por malversación. El instructor inculpa también por prevaricación a Griñán, pero no pide el suplicatorio contra él porque, al no ser ya senador, ha perdido el aforamiento.
La senadora y exconsejera Mar Moreno es la única de los parlamentarios implicados que no ha sido inculpada por el juez Alberto Jorge Barreiro
Tras conocerse esta decisión judicial, Chaves, Zarrías y Viera han puesto sus actas de diputados a disposición del partido, que ha aceptado su renuncia, ha anunciado el secretario de Organización del PSOE, César Luena.
En sus escritos de hoy el juez hace acusaciones tan directas como que los implicados "cebaron sin descanso la partida de los ERE", citando las palabras del que fuera interventor general de la Junta, Manuel Gómez.
También relata cómo hubo un sector de altos funcionarios de la Junta que constituyeron una suerte de complot o conspiración de silencio dentro de las consejerías de Empleo y Economía y Hacienda para ocultar la naturaleza ilegal del sistema.
Básicamente, señala el instructor, la ilegalidad consistía en ocultar a través del mecanismo de transferencias de financiación lo que en realidad eran subvenciones, las cuales están sometidas a controles legales que, mediante el mecanismo citado, se eludían.
Además, el juez recuerda que desde la Intervención General de Andalucía "se advirtió" a Griñán "no de meras irregularidades en la tramitación y control de las subvenciones por el sistema de transferencia de financiación, sino de auténticas ilegalidades".
El instructor pide los suplicatorios mediante una exposición motivada, que se dirige a la misma sala que abrió el caso, la cual, según han informado a Efe fuentes del Supremo, los tramitará automáticamente ante el Congreso sin que quepa recurso de las defensas contra esta decisión.
En el caso de Griñán el juez utiliza una fórmula distinta: reúne en un auto los indicios recabados contra él por los que le imputa un delito de prevaricación, del que le considera coautor, y aunque asume que ha perdido la condición de aforado al haber renunciado a su escaño como senador, le mantiene en el caso por conexidad con los hechos compartidos con los otros imputados.
Sí cabe recurso, por parte de la defensa de Griñán, contra este auto en el que concreta que debe ser juzgado conjuntamente con los otros inculpados por hechos como el haber establecido, entre 2001 y 2010, el citado sistema ilegal, que provocó además desajustes presupuestarios que debieron ser solventados de manera irregular.
"Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias", considera el juez, que añade que tal arbitrariedad contaminó el ejercicio del poder que tenían atribuido los inculpados.
Barreiro estima "altamente probable" que el expresidente Chaves, a quien le correspondía fijar las directrices generales del Gobierno, junto al exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, tomaran la determinación de poner en marcha este sistema "ilegal" en connivencia con Viera.
Lo hicieron, continúa Barreiro, al margen del ordenamiento jurídico y estando implicadas las consejerías de Economía y Hacienda e Innovación y Desarrollo.
Con la exposición razonada y el auto relativo a Griñán el juez pone punto y aparte a más de siete meses de investigación, que comenzaron cuando la Sala de lo Penal de este tribunal abrió la causa ante la aparición de indicios contra los citados parlamentarios dentro del sumario original instruido en Sevilla por la juez Mercedes Alaya.
A lo largo de estos meses de instrucción Barreiro ha tomado declaración como imputados a los cinco aforados implicados: Chaves, Griñán, Viera, Zarrías y Moreno.
Además, han prestado declaración en el Supremo el exinterventor de la junta, Manuel Gómez Martínez, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informaron de irregularidades fraudulentas en los ERE y los peritos de la defensa, junto a varios antiguos altos cargos políticos de la Junta.
A partir de estas investigaciones, el magistrado Barreiro ha elaborado un escrito de exposición motivada de 129 folios referido a los tres diputados contra quienes pide el suplicatorio, escrito al que se ha sumado el auto contra Griñán.
