­Matrículas universitarias más baratas y que puedan pagarse en más plazos. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, pretende garantizar la igualdad de oportunidades en la Universidad pública andaluza, que ningún alumno, en la medida de lo posible, tenga que cortar su vínculo o dejar de estudiar su carrera porque no recibe una beca y no tenga dinero para abonar el precio de lo que cuestan sus estudios. La presidenta anunció ayer en Sevilla que propondrá al Consejo Andaluz de Universidades (CAU) el pago fraccionado en ocho mensualidades y que los precios públicos vuelvan a los niveles de 2011, antes de la subida experimentada en la era José Ignacio Wert.

Andalucía ya había congelado los precios mínimos de las tasas universitarias, a pesar de las exigencias del Gobierno central para reducir el déficit de las comunidades autónomas. Una forma de oponerse a las políticas de austeridad y recortes en educación. Ahora, Díaz quiere dar más facilidades a los alumnos.

«Ésta es la garantía de la igualdad de oportunidades dentro de la universidad pública y la garantía de que la educación y la universidad pública sigan siendo el ascensor social», destacó la presidenta durante un discurso pronunciado en el Palacio de San Telmo durante la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda.

«Hay que garantizar que las posibilidades familiares de nuestros universitarios no sean las que condicionen su capacidad de crecimiento, desarrollo personal y formación académica», subrayó Díaz.

Para la presidenta, la Universidad «no puede ser torre de marfil donde se encierran profesores, doctores, estudiantes, donde se hacen grandes publicaciones, grandes programas de investigación, pero que después no tienen transferencia de conocimiento a la sociedad», porque la Universidad «debe ser mucho más que eso».

Díaz insistió en que todas las universidades andaluzas «tendrán el apoyo y el compromiso de este gobierno», que «está convencido de que la igualdad de oportunidades radica en la igualdad del acceso a la formación», manifestó la presidenta, que aseguró que hay elementos que «van a ser claves» en el desarrollo de esta legislatura como el acceso a la Universidad, que «tiene que estar vinculado a la cultura del esfuerzo y que no puede estar condicionado por las circunstancias económicas».

Por ello, afirmó que el sistema «tiene que ser sostenible» y que «hay que seguir reduciendo la deuda con la universidad pública y garantizar el mantenimiento presente y futuro». Hace solo dos años, los rectores de las nueve universidades públicas andaluzas se pusieron de acuerdo para lanzar un SOS porque ya no podían más. Esta importante deuda se ha venido reduciendo en los últimos meses.

«Será la evaluación en los próximos tiempos la que determina qué tenemos que hacer en la universidad pública, y no será la circunstancia económica de la Universidad ni la falta de compromiso porque ese compromiso está por parte de la Junta», manifestó.

En tercer lugar, la presidenta se refirió a la investigación, y resaltó la apuesta de la Junta «de unir esta investigación y esa universidad a la economía». «Andalucía necesita un nuevo modelo productivo», aseguró, toda vez que señaló que «estamos en un contexto complicado y difícil a nivel europeo» y que «después de siete años de una crisis brutal, pasamos a tener una oportunidad para crecer más y mejor».

«En ese nuevo modelo productivo la Universidad va a ser un actor de primer orden. Ésa ha sido mi apuesta al incorporar a dos rectores de referencia, no solo en Andalucía sino en el conjunto de España, a ese nuevo modelo de gobierno», puntualizó la presidenta, haciendo referencia a Adelaida de la Calle y a Antonio Ramírez de Arellano.

La Universidad pública en Andalucía «es una garantía para esta tierra», porque «queremos que todo ese talento y conocimiento esté al servicio» de Andalucía.