La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta, ha abierto una línea de investigación en relación a las ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo para el pago de las pólizas de prejubilación para los mayores de 55 años pertenecientes a los colectivos de la Faja Pirítica de Huelva.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez pide al Instituto Nacional de la Seguridad Social de Huelva que entregue a la Guardia Civil un informe "en el que se indique si por parte del Ministerio de Trabajo, o cualquiera de los departamentos que lo componen a través de la Subdelegación del Gobierno, se solicitó los coeficientes reductores de los mineros afectados por la crisis minera" de la Faja Pirítica y, "en concreto, si lo realizó o no, en los años 2003 y 2004".
La magistrada ha tomado esta decisión después de que así lo solicitara en un oficio fechado el 3 de septiembre el Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Huelva, que informa en el escrito de que "está trabajando una línea de investigación sobre la presunta comisión de un delito de prevaricación en concurso de otro de malversación" en relación con estas subvenciones.
