La comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude de los cursos de formación ha acordado solicitar toda la documentación que han planteado los cinco grupos parlamentarios para desarrollar sus trabajos. Así lo han acordado en la segunda reunión que ha celebrado este órgano a propuesta del presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), un planteamiento que ha sido aceptado por todos los grupos.
Por otro lado, no se ha concretado fecha para las comparecencias. En este sentido, el PP-A ha planteado que pudieran comparecer, en los meses de noviembre y diciembre, técnicos y expertos, como los ocho interventores provinciales de la Junta, para informar de los procedimientos que se han seguido, pero esta posibilidad ha sido rechazada por el PSOE-A y C´s argumentando que ello no formaba parte del orden del día. Tanto Podemos como IULV-CA han expresado su apoyo a la petición del PP-A.
Está previsto que en dos días, el letrado de la comisión remita al Gobierno andaluz el escrito de petición de documentación y éste tendrá un plazo de diez días hábiles para remitir toda la información a la comisión de investigación. En rueda de prensa al término de la reunión de la comisión, los miembros del PSOE-A en la comisión, María Luisa Bustinduy y Rodrigo Sánchez, puso de manifiesto que la voluntad de los socialistas es que la comisión de investigación trabaje con «rigor, transparencia y seriedad» y que quieren que el órgano tenga «una visión completa» de lo ocurrido y no que se presente una realidad «sesgada». Así, el diputado afirmó que «no se puede empezar la casa por el tejado» y que los comparecientes deben llegar una vez que se estudie toda la documentación «que nos ilustre al respecto».
Además, Sánchez explicó que el PSOE-A pidió también que se solicite documentación a otras comunidades porque se trata de una «normativa básica estatal» que «debe desarrollarse igual en todas las comunidades», así como que se han mostrado en contra de algunas peticiones de información porque «debe centrarse en la formación y no en otros asuntos».
Sin comparecencias. Por su parte, el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, consideró un «error» que el «bipartito» PSOE y Ciudadanos no quiera que se produzcan ya esas comparecencias de técnicos que podrían aclarar muchas cuestiones a los grupos y ha confiado en que reconsideren su posición. Asimismo, confió en que antes de que finalice esta semana, el Gobierno remita a la comisión la documentación sobre los expedientes de reintegro con resolución firme que se le solicitó en la primera reunión del órgano. «Eso tiene que llegar ya», sentenció Rojas, para quien el Ejecutivo tiene la «obligación de colaborar al cien por cien con la comisión y remitir toda la documentación que se le solicite».
El parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe indicó a los periodistas que PSOE y Ciudadanos quieren «bloquear» las comparecencias y que no haya margen de que la comisión funciones. Ha defendido la necesidad de que ya se produjeran las comparecencias de técnicos para explicar a los grupos cómo ha funcionado el sistema.
La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet indicó que su grupo no tiene inconveniente en que las comparecencias empiecen cuanto antes, pero sí creen esencial disponer antes de toda la documentación y de tiempo para analizarla en profundidad, porque en este momento no tienen «absolutamente ningún documento», a diferencia de otros grupos que pueden estar «más ilustrados» sobre la materia. Ha confiado en que esa documentación llegue cuanto antes.
La diputada de IULV-CA Elena Cortés consideró que el análisis de la documentación por parte de los grupos y las comparecencias deberían ir a la par. A su juicio, no es «razonable» la dilatación en las comparecencias y criticó que el PSOE-A haya puesto «objeciones» a alguna petición de documentación de IULV-CA, como la relativa a Delphi.
