'Claroscuros de Andalucía', por Enrique Benítez

La memoria histórica es muy corta en España, apenas la tienen quienes vivieron los grandes acontecimientos en primera persona. Varias generaciones se quejan de no haber votado la Constitución, con una parte de razón, pero minusvalorando el enorme esfuerzo que supuso sacar adelante aquellos pactos y aquellos acuerdos en momentos tan complicados, con un Ejército por democratizar y una fuerte nostalgia de un régimen salido de una guerra civil, es decir, con vencedores y vencidos. Los recuerdos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 son apenas una nebulosa en una sociedad acelerada y acostumbrada a quemar etapas, como si superar aquel desafío tampoco hubiese tenido importancia. Lo mismo se puede decir de las manifestaciones que llenaron calles y alamedas andaluzas en diciembre de 1977, y de lo que supuso aquella explosión de dignidad ciudadana.

Lo más importante debe ser, pues, analizar cómo sería España sin aquella demostración de integridad que dio la sociedad andaluza, rebelándose contra los planes que pretendían construir una España desigual, una nación asimétrica con privilegios para los elegidos. El mapa político de las primeras elecciones democráticas dio fuerza a los partidos políticos nacionalistas, sobre todo el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, que entraron con fuerza en las instituciones democráticas y jugaron bien las bazas conseguidas en las elecciones libres recién celebradas. Y como resultado de aquel equilibrio de fuerzas se comenzó a diseñar una España invertebrada, una España de dos velocidades con más competencias, financiación y autogobierno para unos territorios elegidos en virtud de unos «derechos históricos» cuya genealogía se remontaba, en el mejor de los casos, a los años treinta, a la etapa de la Segunda República.

Andalucía se moviliza. Este plan discriminatorio saltó por los aires gracias a la movilización de cientos de miles de andaluces, cansados de estar condenados a un destino de segunda categoría, hartos de ser emigrantes, supervivientes en un mapa de riquezas mal distribuidas. Y si hoy España es un país descentralizado, autonómico y con una razonable solidaridad entre sus territorios -una política que, igual que ha ocurrido con los fondos de cohesión europeos, ha sido beneficiosa para todas las partes- es gracias a la protesta leal y pacífica que en diciembre de 1977 congregó a cientos de miles de andaluces y que tuvo como resultado el primer Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado en referéndum el 28 de febrero de 1980, que impulsaba la igualdad entre territorios y personas en España. Un proceso del que poco a poco se irían beneficiando el resto de regiones, ahora Comunidades Autónomas, desde Valencia a Canarias, de Aragón a Baleares.

Por lo tanto ya va siendo hora de que se valore que si España es hoy un país con los mismos derechos para todos sus habitantes, con las mismas competencias y con un grado importante de cohesión social y territorial -salvando el País Vasco y Navarra, beneficiarios de un régimen foral consentido durante la Transición por otros motivos, y sobrefinanciadas con respecto a sus necesidades- es gracias a la conquista colectiva del derecho a no quedarse atrás que protagonizó Andalucía y que se trasladó al resto de españoles durante los años 80.

Hoy muchos ciudadanos se muestran críticos con las Comunidades Autónomas, en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas y en otros muchos análisis. Lo malo es que no hay una realidad paralela que nos sirva de modelo de comparación. No hay grupo de control, en términos estadísticos. Por eso es oportuno preguntarse precisamente ahora qué podría haber pasado si se hubiese permitido aquella desigualdad de partida. Dónde estarían ahora aquellas regiones beneficiadas con más autogobierno -es decir, más dinero- y dónde estaríamos todos los demás. Posiblemente una respuesta objetiva nos haga dar al 28 de febrero de 1980 la importancia que realmente tuvo. Aquella fecha permitió construir un país, no una suma de nacionalidades condenada a la divergencia y al distanciamiento. De una posible España fractal se pasó a una razonable España plural.

Respecto a la segunda pregunta, todos los estudios académicos conocidos afirman que la descentralización administrativa y el acercamiento de los presupuestos a las necesidades territoriales específicas han sido positivos para España y sus habitantes. Es cierto que las élites políticas y administrativas se han multiplicado, y también que no siempre han estado a la altura de la confianza puesta en ellas. Pero cada zona tenía sus problemas específicos -la minería en Asturias y Castilla y León, la reconversión industrial en Galicia y País Vasco, la cuestión agraria en Andalucía y Extremadura- y las brechas se han ido cerrando. Con mayor o menor acierto se ha ido produciendo una convergencia, ahora paralizada, que ha sido beneficiosa para todos.

Pero sin duda queda mucho camino por recorrer, cuestiones que corregir. La crisis económica está haciendo que los logros de hace una década queden en agua de borrajas. Andalucía destaca por su calidad de vida, algunas de sus ciudades -como Málaga- figuran destacadas en los estudios realizados en Europa, pero en un entorno de desempleo masivo y trabajos precarios no todo el mundo puede disfrutar con la misma intensidad de nuestro clima, de nuestra paz social, de la convivencia tranquila que aquí se respira.

Después de muchos años de rivalidad miope y absurda, las provincias y ciudades andaluzas viven de espaldas las unas a las otras. Pese a la mejora de las infraestructuras suele ser más cómodo viajar a Madrid que visitar una capital vecina, o hacer turismo cultural, o ver un espectáculo irrepetible. Algunas noticias recientes sobre el aprovechamiento de sinergias entre nuestras ciudades y capitales son una magnífica noticia, iniciativas que deben ir a más por el bien de todos. El provincianismo nos sienta mal.

Andalucía no necesita ser nacionalista porque es universal: Andalucía es la imagen de España en el mundo. Y esa imagen tiene miles de nombres: Córdoba, Sevilla o Granada son ciudades milenarias, como lo es nuestra cultura. Ronda, Jerez, Marbella. La lista es interminable, la suma es imbatible.

Los andaluces debemos defender con el mismo ahínco todo lo que sea bueno para Andalucía. Porque lo que es bueno para Andalucía es bueno para España, y porque lo que es bueno para cualquier localidad o provincia andaluza es igualmente bueno para todos los andaluces. Es de justicia entonces reivindicar la consideración adecuada para el Puerto de Algeciras, uno de los principales de Europa. También es una causa colectiva que la Alta Velocidad llegue a Huelva y Almería. O que se potencie el Aeropuerto de Málaga, tercero peninsular. Que se termine la Autovía del Olivar que conecta Córdoba y Jaén con Castilla La Mancha. Cualquier inversión pública o privada que genere riqueza y empleo con parámetros de sostenibilidad es buena para todos, y debe hacernos ver que si todos empujamos será más fácil conseguirlo.

Pero Andalucía también está formada por sus instituciones y su sociedad civil. Por sus empresarios y trabajadores. Por sus habitantes y residentes. Mirar al futuro supone también afrontar las asignaturas pendientes: la buena gestión de los fondos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas, la madurez del empresariado, la lucha contra esa penosa imagen de indolencia, la implicación común en causas justas. Todo eso también es Andalucía: rebelarse contra un destino predeterminado, demostrar que se puede, creer. Cada 28 de febrero es una oportunidad para descubrir lo que fuimos y decidir lo que queremos ser. El horizonte nos espera.