Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF firmaron ayer un acuerdo con el Gobierno andaluz para «la recuperación de los derechos perdidos» durante la crisis por parte de los funcionarios públicos.

En total, son seis los puntos acordados con la Junta de Andalucía. Algunos de los más esperados son: la recuperación progresiva de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, a partir del próximo mes de septiembre, cuando se abonará el 26,23%, y hasta febrero de 2018 cuando se produzca el pago de la última parte; en enero de 2017 la jornada general de trabajo volverá a ser de 35 horas semanales; recuperación de los 4 días adicionales por antigüedad; así como del 10% de los conceptos retributivos variables (un 5% durante el 2018 y otro 5% durante el 2019).

Tras numerosas concentraciones a lo largo de estos años, que en las últimas semanas se habían incrementado considerablemente, tanto por parte de los sindicatos como de los propios trabajadores, la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la administración ha finalizado con un acuerdo satisfactorio para todos.

No obstante, UGT señaló ayer que no es totalmente satisfactorio porque «los plazos son demasiados lejanos» y se excluyen, además, a los profesionales de la educación concertada, aunque quiso la implicación directa de la presidenta, Susana Díaz.

En declaraciones a los periodistas tras presidir el acto de firma de este acuerdo, la presidenta de la Junta de Andalucía calificó de «gran noticia» y «magnífico acuerdo» el paso dado, con el que «se acaban las horas de Rajoy», en referencia a la normativa del presidente del Gobierno aprobada en 2012 por la que se ampliaba a 37,5 horas semanales las jornadas de los empleados públicos. «Esta gran noticia afecta a 160.000 empleados públicos de la Junta que recuperan sus derechos y que va a generar empleo y reforzar servicios públicos», explicó Díaz. «La Junta defiende que la recuperación económica se traduzca en que las personas recuperen los derechos sustraídos en el decreto de Mariano Rajoy en 2012», incidió.