­Golpe de efecto del PSOE en plena campaña a poco más de una semana de las elecciones del próximo 26 de junio. Los socialistas andaluces y Ciudadanos (C´s) anunciaron ayer que han alcanzado un acuerdo para reformar en Andalucía el impuesto de sucesiones y donaciones con el que se amplía el mínimo exento para las herencias recibidas por parientes directos de 175.000 a 250.000 euros por heredero, punto que entrará en vigor el 1 de enero de 2017. La medida se da a conocer apenas diez días después de que el Parlamento andaluz, con los votos en contra del propio PSOE, Podemos e IU, rechazara un proyecto de ley presentado por el PP para suprimir en la práctica el impuesto y avalado con 300.000 firmas ciudadanas.

El acuerdo, que fue anunciado por el líder de C´s en Andalucía, Juan Marín, y posteriormente por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, culmina un proceso de negociación entre ambas formaciones políticas, que constituyeron un grupo de trabajo para afrontar una modificación que figuraba como uno de los puntos del acuerdo de investidura al que llegaron en su día los socialistas y la formación naranja. Como caso práctico, si un hijo con 28 años y emancipado hereda de su padre fallecido una vivienda no habitual y una cuenta corriente con un base imponible de 200.000 euros ahora tendría que pagar 28.250 euros y cuando se aplique la reforma no tendrá que pagar nada. Para bases imponibles entre 250.000 y 350.000 euros se crea también una reducción adicional de 200.000 euros, con lo que las herencias (por individuo/heredero) comprendidas en ese intervalo sólo tributarán por el exceso sobre el importe de 200.000 euros. Así, una base de, por ejemplo, 270.000 euros tributaría por la cuantía que excediese de 200.000 euros, es decir por 70.000 euros.

La reforma incluye otros dos puntos que entrarán en vigor el día siguiente a su publicación en el BOJA en 2016. Uno de ellos introduce nuevas reducciones por herencia de vivienda habitual para cada uno de los parientes del fallecido que hubiesen convivido con él los dos años anteriores al fallecimiento. La reducción iría en seis tramos desde el 95% para inmuebles cuyo valor real sea superior a 242.000 euros hasta el 100% para inmuebles valorados en menos de 122.606,47 euros.

El segundo se refiere a las explotaciones agrícolas y establece una reducción del 99% del impuesto por trasmisión de empresa individual agrícola, aún cuando dicha actividad no constituya la principal fuente de renta del causante. Esta reducción será de aplicación a parientes directos, (cónyuge, descendientes o adoptados del causante) o asalariados sin parentesco alguno con al menos 5 años de vinculación a la explotación. Actualmente, para aplicar la reducción del 99% a los negocios agrícolas personales que sean heredados, se exige que la actividad se desarrolle habitual, personal y directa y que constituya su principal fuente de renta. Este requisito, según Ciudadanos, presenta inconvenientes al aplicarlos al sector agrario, por lo que se propone conveniente su flexibilización. Con el impuesto de ahora, en el caso de que un hijo de 30 años herede una explotación agrícola de su padre fallecido, con una base imponible de 350.000 euros, tendría que pagar 64.147, 81 euros y solo podría obtener bonificaciones del 95% al 99% bajo determinados requisitos, mientras que con la reforma no tendrá que pagar nada.

El presidente y portavoz de C´s en el Parlamento andaluz, Juan Marín, aseguró que se «hace historia en materia fiscal en Andalucía», puesto que se ha conseguido bajar el citado impuesto «por primera vez en 35 años», algo que han venido reivindicando al entender que «era de justicia social». «Una familia que tenga dos hijos, cuando su base imponible sea inferior a 500.000 euros, pagará cero. Hasta ahora suponía que por esos 250.000 euros cada hijo tenía que pagar unos 38.875 euros por la herencia», dijo.

Por su parte la presidenta andaluza, Susana Díaz, dijo que, con esta mejora en sucesiones, alcanza ya a cumplir su «palabra con los andaluces en los tres compromisos que adopté en materia de impuestos», tras la bajada de dos puntos en el tramo autonómico del IRPF y la devolución del «céntimo sanitario» a los transportistas. Díaz dijo que, en materia de sucesiones, se materializa el «compromiso de investidura de corregir el error de salto y dar oxígeno a trabajadores y clases medias» de forma que, sumando estas tres rebajas fiscales, «quienes más han soportado la crisis en Andalucía recuperan derechos y parte de ese esfuerzo».

El impuesto de sucesiones ha sido durante los últimos tiempos un instrumento de batalla política. El PP andaluz, con Juanma Moreno a la cabeza, demandaba su supresión, recordando que, en el caso de Málaga, 1.000 familias al año renuncian a su herencia por no poder pagarlo. La Junta contraatacó en su momento apuntando que, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria andaluza, el 92% de los malagueños que heredaron en 2015 quedaron exentos de abonar. En cuanto a las renuncias a la herencia, la Junta dice que el principal motivo alegado era que el bien heredado tenía cargas hipotecarias o deudas elevadas que el heredero prefería no asumir.