La exconsejera y exministra Magdalena Álvarez ha presentado un recurso de reforma contra el auto que la procesa dentro de la rama política de los ERE junto a otros 25 ex altos cargos porque asegura que "ni conoció ni pudo conocer la pretendida ilegalidad" en la concesión de ayudas a empresas.

En un escrito presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla al que ha tenido acceso Efe, Álvarez sostiene que "no tuvo acceso a ninguno de los informes emitidos por los órganos de control" que alertaban de la posible ilegalidad de las ayudas que concedía la Junta de Andalucía a empresas en crisis.

La exconsejera andaluza de Hacienda, a la que se le acusa de prevaricación administrativa, enfatiza que el auto que la procesa junto a otros ex altos cargos, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, contiene "una serie de presunciones genéricas y carentes de todo soporte argumental". Griñán también ha recurrido su procesamiento.

El auto recoge que Álvarez, como consejera de Hacienda, recibió los informes en los que la Intervención General ponía de manifiesto las irregularidades, que se emitió el 25 de julio de 2005, aunque desde el 28 de abril de 2004 era ministra de Fomento, subraya el recurso, que pide la nulidad de lo relativo a la exconsejera y el archivo parcial de la causa.

El abogado de Álvarez, Rafael Alcácer Guirao, del despacho Oliva-Ayala Abogados, explica que a la exconsejera se le acusa por su participación en un concierto expreso o tácito de 26 personas para instaurar durante diez años un procedimiento específico para pagar ayudas al margen de los controles y exigencias establecidas.

En este sentido, según el juez Álvaro Martín, Álvarez fue la que "instauró" el sistema como consejera de Hacienda, aprobó como miembro del Consejo de Gobierno tanto las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31.L y al 22.E y los proyectos de presupuestos andaluces entre 2002 y 2004, pese a incluir de manera inadecuada las transferencias de financiación.

Como hecho subjetivo, el juez considera que la exconsejera actuó "con conocimiento de que el procedimiento" que se estaba utilizando para otorgar las ayudas era irregular, resume el abogado en su escrito.

"El auto parece acudir a un argumento circular: la señora Álvarez impulsó ese supuesto procedimiento porque conocía la ilegalidad y consecuencias de su actuación como consejera de Hacienda, y conocía la ilegalidad y consecuencias de su actuación porque era consejera de Hacienda", señala el abogado de la exconsejera.

El recurso destaca que "es indudable que tal línea de argumentación no reúne los estándares mínimos que impone el derecho a la tutela judicial efectiva".

El defensor de Álvarez también señala que la Consejería de Hacienda no era competente en la ejecución del gasto, y sobre las modificaciones presupuestarias, afirma que fueron tramitadas "con arreglo al procedimiento establecido", entre ellos los informes favorables de la Intervención General.