La Junta de Andalucía destinará un total de 60 millones de euros al plan de retirada progresiva del amianto en unas 220 infraestructuras públicas educativas de la comunidad --un 3% de los centros escolares públicos andaluces--, una retirada que comenzará este mismo verano, tendrán dos fases y se prolongará hasta 2022 para "hacerlo compatible con la actividad escolar, ya que solo se pueden retirar los materiales en periodo de vacaciones".
En el caso de la provincia de Málaga, la previsión de la Junta es actuar en más de 70 centros educativos durante los próximos años, según han confirmado fuentes de la Administración autonómica a este periódico. En este plan se dará prioridad a los centros con necesidades más urgentes y entre ellos podría estar el CEIP José Calderón de Campanillas, que en estos últimos meses ha liderado la lucha por la retirada del amianto en los colegios junto a otra docena de centros de la provincia.
En rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Gobierno, que ha aprobado este martes esta planificación, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha precisado que "no hay ninguna situación de riegos para la salud en ningún centro educativo" y que "se actuará a partir de ahora de acuerdo a informes que determinen los técnicos de la Consejería de Educación".
Además, Vázquez destaca que con esta planificación aprobada este martes, Andalucía "se sitúa muy por delante del conjunto de España y de la Unión Europea, tanto en la elaboración del plan como en la retirada de estos materiales en los centros educativos", plan que "finalizará seis años antes que el plazo indicado por la UE para la puesta en marcha de planes de acción nacional". La idea es tener una Europa libre de amianto para 2028.
Así, el portavoz del Ejecutivo ha explicado que el programa se desarrollará en dos etapas. La primera, entre 2016 y 2020 y con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica --escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de enseñanzas artísticas y residencias escolares--.
Además, ha precisado que este mismo año ya se acometerán por vía de urgencia una treintena de intervenciones en las infraestructuras donde se constata riesgo de desprendimiento de fibras. Los trabajos se realizarán de forma compatible con el calendario escolar, para no interferir en el funcionamiento de los centros y según la normativa vigente.
La segunda etapa, a desarrollar entre 2021 y 2022 y con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas. En este sentido, ha señalado que anteriormente la Junta ya realizó trabajos de eliminación de amianto en 54 centros "con absoluta normalidad y más por prevención que por riesgo para la salud", insiste el portavoz.
En este sentido, Vázquez ha señalado que además se ha proporcionado información a la comunidad educativa "sobre el material, los procedimientos que rigen esta situaciones y la situación específica de los colegios", insistiendo a todos sus miembros en que "está prohibida la fabricación, comercialización y el uso de estos materiales, pero no hay ninguna obligación legal de la retirada de los productos ya instalados" y "tampoco un plazo para dicha eliminación salvo en lo que se refiere al final de la vida útil de estos materiales", apostilla.
Asimismo, apunta que la Agencia Pública de Educación "visita los centros escolares para atender las necesidades de retirada de estos elementos cuando se constata que pueden ser peligrosos", y dice que "siempre que se requieren labores de reparación, se actúa dentro de la normativa". Además, afirma que tal y como "se ha venido haciendo hasta ahora, la agencia está realizando mediciones ambientales en los centros educativos de Andalucía en las ocho provincias".
Igualmente, informa que "se ha realizado una labor de coordinación", y que Educación "ha trabajado codo con codo" con las consejerías de Medio Ambiente, Salud y Empleo" y se ha establecido un protocolo de actuación dentro del departamento que dirige Adelaida de la Calle "para garantizar la eficiencia y rapidez de respuesta".
Por tanto, Vázquez insiste en que la planificación aprobada "significa la apuesta de este Gobierno por la educación pública", porque "anteponemos razones de salud y seguridad de los usuarios por el compromiso con la comunidad educativa y la educación pública", ya que "no existe exigencia legal al respecto".
De hecho, explica que tanto la Conferencia europea sobre amianto que se celebró en 2003 como la resolución del Parlamento europeo de 14 de marzo de 2013 sobre riesgo para la salud en el lugar de trabajo relacionado con el amianto solo indica la necesidad de elabora planes de acción nacionales para la gestión, control y eliminación del amianto en el entorno laboral y social antes del año 2028.
APUESTA POR UNA PLAN NACIONAL PARA LA RETIRADA DE ESTE MATERIAL
Por último, el portavoz indica que "no existe ningún plan de acción concreto" en el conjunto del territorio nacional para la retirada de este material, que "no comporta riesgo par la salud salvo cuando se rompe o cuando se manipula para su retirada", por lo que considera que "sería bueno que ese plan se pusiera en marcha y fuera una labor coordinada de todas las administraciones --Estado, comunidad autónoma y ayuntamientos--".
