El PP-A ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la juez que instruye la macrocausa de los cursos de formación pagados con fondos públicos, María Núñez Bolaños, titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, por tres posibles faltas que habría cometido en su labor.
Fuentes del Consejo han confirmado a Efe que el PP-A, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha formalizado su denuncia porque considera que la juez ha revelado datos, que sus resoluciones carecen de motivación y que también ha cometido la falta denominada "inobservancia en su deber de abstención".
Tras la denuncia, el Consejo ha nombrado a un promotor para que analice su contenido, tras lo cual decidirá si la archiva o si tiene relevancia y por tanto se debe continuar su tramitación.
La juez María Núñez sustituyó en junio del año pasado a Mercedes Alaya, que comenzó hace cinco años la instrucción de diversas causas de posible corrupción que afectaban a la gestión de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellas la de los ERE o los cursos de formación.
La iniciativa del PP se ha producido después de que el 23 de junio trascendiera que estaba previsto que se archivara la pieza política de los cursos de formación, que afecta a 24 dirigentes andaluces del PSOE, porque se considera que en esta causa hay irregularidades administrativas pero no delitos.
La denuncia ante el Poder Judicial de la juez se conoce un día después de que trascendiera un escrito del PP-A en el que anunciaba que iban a denunciar a la magistrada ante el Consejo por las grabaciones audiovisuales de las declaraciones que se han tomado a testigos e imputados en los cursos de formación.
En ese escrito, el PP recordaba que el 7 de julio pasado pidieron una copia de las grabaciones audiovisuales originales de las declaraciones que tuvieron lugar durante las diligencias de la causa de los cursos de formación.
La solicitud del PP se basaba en que las copias entregadas por la juez eran "defectuosas e incompletas", tras lo cual la juez dictó un auto, que no ha sido recurrido ni contestado, en el que requería al partido político para que entregaran en el juzgado todas las grabaciones que les habían facilitado y con el detalle de los defectos que habían detectado
