El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el nuevo el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 que tendrá como objetivos principales "la lucha contra los desahucios, el fomento del alquiler y la rehabilitación", de manera que esa nueva planificación prevé el desarrollo de 188.545 actuaciones y movilizará una inversión pública cercana a los 730 millones de euros, ante lo que espera que se generen unos 40.000 empleos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha resaltado que el plan tiene "un enfoque marcadamente social" y ha apuntado que "se adapta a las condiciones económicas y sociales actuales y centra su esfuerzo en los colectivos de población que se hallan en situación vulnerable y tienen mayores dificultades para el acceso o mantenimiento de una vivienda".
El plan, que cumple con las exigencias de estabilidad presupuestaria, contará con una aportación autonómica de 385 millones de euros, a los que se sumarán 100 millones más --20 millones anuales-- procedentes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, a través de operaciones de venta de suelo e inmuebles.
A estas cifras se añaden 59,2 millones en 2016 del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, que expira este año. En ese sentido, el consejero, que lamenta que el Gobierno no haya aprobado un nuevo plan estatal que garantizaría la continuidad de las partidas económica, prevé, no obstante, que "se mantenga la financiación adicional procedente del Gobierno central, con una aportación de 45,9 millones anuales de 2017 a 2020, hasta alcanzar los 183,57 millones en el horizonte de 2020".
"Esperamos que el Gobierno en funciones tome la decisión definitiva sobre el Pitvi y concrete hasta 2020, porque ahora mismo sólo está 2016 como única aportación cierta de fondos del Estado", ha añadido el consejero, quien destaca que este plan puede suponer arrastrar una inversión privada de unos 2.300 millones.
La nueva planificación, la primera que se elabora en el marco de la Ley 1/2010 reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, cuenta con "una amplia participación de colectivos, con 565 aportaciones de las que más de un tercio han sido recogidas en el documento final".
Se configura como "el instrumento para coordinar las políticas sociales en esta materia y para fomentar la actividad económica y la generación de empleo en la construcción, muy castigado por la crisis".
Ha explicado que el plan aboga por el fomento del acceso a la vivienda mediante alquiler o alquiler con opción a compra, al resultar "el modelo más demandado en el 74 por ciento de los casos y el que mejor se adapta a la realidad socioeconómica actual".
En este sentido, se prevé el desarrollo de 32.200 actuaciones, con una inversión de 58,53 millones. La mayor parte, hasta 50 millones, será para ayudas a familias con recursos limitados o en situación de vulnerabilidad, a las que se sufragará hasta el 40 por ciento de la renta del alquiler. La convocatoria de 2016, abierta para presentar solicitudes hasta el 5 de agosto, cuenta con 16,3 millones.
Del mismo modo, se destinarán ocho millones para ayudas a organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro que fomenten el alquiler asequible para familias desfavorecidas.
Igualmente se incentivará la intermediación de agentes colaboradores con respecto a la bolsa de viviendas vacías y edificios deshabitados existente en el mercado. En esta línea se incluye el reciente acuerdo firmado con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que permitirá a la Junta gestionar 400 viviendas vacías y en desuso.
En cuanto a la rehabilitación, el nuevo plan pretende facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad más sostenible con actuaciones que beneficiarán a más de 96.000 personas --32.900 familias-- en materia de eficiencia energética, adecuación y mejora de espacios públicos y restauración de inmuebles de interés urbano y patrimonial.
Este ámbito, dotado con 228 millones, se divide en tres grandes líneas de ayudas. La primera, a la rehabilitación residencial, incluye la mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de edificios y viviendas con una población estimada de 95.000 personas.
En ese sentido, ha recordado que la Junta publicará una nueva convocatoria con 16,07 millones para comunidades de propietarios. Por otro lado, se incentivarán, con cinco millones de euros, obras de seguridad y adecuación funcional de viviendas donde residan mayores o con discapacitados.
En la línea de eliminación de infravivienda se concederán ayudas para mejorar las condiciones de habitabilidad a instancia de los residentes, con una previsión de favorecer a casi 4.000 personas.
Para rehabilitación urbana se prevén 18 millones de euros en intervenciones integrales y de regeneración de espacios públicos degradados o con graves problemas, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de vida a cerca de 20.000 personas. Igualmente, se recoge una dotación de 37 millones para la adecuación y rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano y patrimonial hasta 2020.
El plan incluye el cumplimiento de los compromisos adquiridos en planes anteriores, como las actuaciones para la instalación de ascensores. A este respecto, ha precisado que las comunidades de vecinos que cuenten con convenios suscritos con la Junta y no se hayan ejecutado todavía las obras, podrán acogerse a la financiación del plan para este año con un presupuesto de ocho millones de euros.
Finalmente, la nueva planificación prevé también medidas para la conservación del parque público residencial autonómico, compuesto por más de 84.000 viviendas. El objetivo es "garantizar unas condiciones dignas y adecuadas de los inmuebles con incentivos de rehabilitación, mejora de la eficiencia energética y accesibilidad".
Este plan ha contado con la participación de los agentes económicos y sociales y de las asociaciones profesionales, vecinales y cconsumidores. El documento fija como prioridad el impulso de medidas para impedir la pérdida de la vivienda por motivos económicos y evitar así el riesgo de exclusión social para las personas afectadas. López ha recordado que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ,) 3,6 de cada 1.000 familias en Andalucía se ven obligadas a abandonar sus viviendas como fruto de una ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, frente a 4,4 casos que se registran en el conjunto del país.
Entre las iniciativas a poner en marcha destaca el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, un nuevo programa que entrará en funcionamiento en septiembre de manera gratuita y que se adapta a la Ley para la protección de los derechos de los consumidores en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios.
El sistema pretende convertirse en un instrumento de apoyo a las familias afectadas y prestará información, atención y orientación para la defensa de sus intereses incluso con la intermediación con las entidades financieras para evitar la ejecución hipotecaria. Enfocado desde una perspectiva integral, aportará recursos que ofrecen las distintas consejerías competentes en materia de empleo, servicios sociales, salud, consumo y justicia. En este sentido, se trabaja en un protocolo de coordinación de la administración autonómica.
A la lucha contra los desahucios se suman otras herramientas impulsadas por la Junta como el anteproyecto de Ley de Tanteo y Retracto, en tramitación, o un acuerdo de colaboración con el CGPJ y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
