El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía que beneficia a más de 700.000 personas en la comunidad. El proyecto tiene una memoria económica que supera los 1.300 millones de euros anuales y que, entre otras novedades, contempla la reserva de plazas en formación y empleo en la administración autonómica.
Según explicó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, el proyecto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas en profundidad con el objetivo de «avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial». «De acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud, de manera que se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador», explicó Sánchez Rubio.
Indicó que, a diferencia de la ley de 1999, «se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas». De igual modo, la norma considera «el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género», con actuaciones como la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia.
La consejera señaló como novedoso el reconocimiento del uso de los perros de asistencia para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio, una categoría general que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento. También se concederá la tarjeta de aparcamiento para discapacitados a vehículos de transporte colectivo.
En el ámbito formativo y del empleo, la principal novedad es el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del 3% del número de plazas (con un mínimo de una) en los cursos de formación organizados por la Administración autonómica. Esta cifra se eleva al 5% en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, «un cupo igualmente de nueva creación». Además, prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que se detallará en un posterior desarrollo reglamentario.
