­La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, advirtió ayer en el Parlamento de que las nuevas exigencias impuestas por el Ministerio dejarán sin beca a más de 7.400 estudiantes andaluces con necesidad específica de apoyo. Así, la consejera mostró su preocupación por esta medida adoptada por el Gobierno central que por un lado, señaló, anuncia mayor inversión para becas «y, por la puerta de atrás, vuelve a endurecer los requisitos».

De acuerdo con la consejera, a partir de ahora, la necesidad de apoyo educativo derivada de una situación de discapacidad o de trastornos graves de conducta del alumnado se deberá acreditar mediante un certificado del equipo de orientación educativa, que, a su vez, está obligado a contar con la credencial de discapacidad y el diagnóstico clínico firmado por los servicios sanitarios.

Así, los equipos de orientación educativa «solo y exclusivamente» podrán expedir el certificado de necesidad específica de apoyo educativo, si el alumno cuenta con un certificado de discapacidad o diagnóstico clínico. El curso pasado el 41,79% de los alumnos beneficiarios de estas becas no contaban con certificado de discapacidad pero sí tuvieron ayudas porque tenían el certificado de los equipos de orientación.

Por otro lado, la consejera informó de que este curso se ha adelantado en seis meses el abono de las Becas Andalucía Segunda Oportunidad (BASO), de las que se han beneficiado hasta el momento, y a la espera de la convocatoria extraordinaria de septiembre, unos 200 jóvenes entre 18 y 24 años que abandonaron su formación y que ahora tienen una nueva oportunidad de reincorporarse a los estudios.

También la Beca 6000 ya ha sido cobrada por el 99% de los perceptores, y este mes de septiembre se abonarán las ayudas a unos 100 estudiantes que han tenido que justificar las faltas al centro educativo. Esta beca tiene como finalidad incentivar la permanencia del alumnado en el sistema educativo tras los estudios obligatorios.

Respecto a la beca Adriano, dirigida al alumnado excluido de la convocatoria de carácter general para estudios postobligatorios no universitarios por no alcanzar la calificación establecida por el Ministerio, la Consejería ha adelantado el abono en tres meses y ya ha sido pagada a 621 estudiantes que han recibido una ayuda de 1.500 euros, lo que supone un montante global de más de 900.000 euros. Asimismo, De la Calle recordó que a esta inversión hay que sumar el abono de cerca de un millón de euros a unos 3.500 alumnos en concepto de ayudas individualizadas para el transporte escolar.