Contratos públicos
La Junta incluirá cláusulas sociales y medioambientales en los contratos
La Administración regional alcanza un acuerdo alcanzado por la Junta junto a CCOO, UGT y la CEA
El delegado y los representantes empresariales y sindicales.
La Opinión
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, presentó ayer el acuerdo alcanzado por la Junta junto a CCOO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para incluir cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones con la Administración. En este acuerdo se incluye una guía donde se recogen estipulaciones obligatorias y recomendaciones de carácter general para el proceso de licitación. Ruiz Espejo, quien destacó que esta medida acordada por el Consejo de Gobierno supone «un nuevo avance social de las políticas del Gobierno andaluz», estuvo acompañado del secretario general de CCOO en Málaga, Antonio Herrera; la secretaria provincial de UGT, Auxiliadora Jiménez; y la secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez.
El delegado resumió algunas de las cláusulas que se incluirán en las licitaciones de la Junta, como la prohibición de utilizar empresas domiciliadas en paraísos fiscales, exigir el cumplimiento de la legislación medioambiental, garantizar la homogeneidad en los criterios de contratación, imposibilitar contratar con aquellas empresas que hayan sido sancionadas gravemente en materia social, entre otras. Concretamente, las cláusulas sociales se aplicarán siempre que sean adecuadas al objeto del contrato, en función del sector de actividad, finalidad, naturaleza y contenido del mismo. En este ámbito se priorizará a las personas que perciben la renta mínima, con discapacidad, víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración mayores de 45 años y menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.
En función del tipo de contrato, se podrán establecer cláusulas específicas. En el caso de actividades relacionadas con menores, las empresas adjudicatarias deberán presentar una certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales de todos sus empleados. Sobre los contratos de obras, con carácter previo a la ejecución del proyecto, habrá de elaborarse un plan de seguridad y salud en el trabajo.
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