El próximo lunes 16 los funcionarios de la Junta de Andalucía recuperarán la jornada de 35 horas semanales impuestas por el Gobierno hace cinco años, lo que obligaría a la Consejería de Salud a contratar a unos 700 profesionales sanitarios en la provincia para cubrir los huecos que quedarán tras eliminar la carga de trabajo por empleado en dos horas y media.
La medida, impuesta por el Gobierno central en 2012, fue una de las que incorporó al paquete de medidas de racionalización del gasto público, entre las que también se encontraba la reducción a cero de la tasa de reposición, medida que más tarde estuvo al 50% y que años más tarde se recuperó hasta estar actualmente al 100%. Las 37,5 horas semanales fueron una medida economicista que sumó 2,5 horas a todo el personal de la Administración pública, ya fuera de ámbito estatal, autonómico o provincial. En la sanidad malagueña esta medida se impuso de varios modos, haciendo que sindicatos y trabajadores protestaran por el aumento de la carga de trabajo, por la reducción de personal y por la pérdida de poder adquisitivo en guardias.
A modo de ejemplo, mientras que en los hospitales la medida vino a incorporar tardes de trabajo a los profesionales que solo trabajaban de mañana, en los centros de salud los médicos que debían hacer guardias los sábados dejaron de ser remunerados por ello al entenderse que estaban cumpliendo con esas 2,5 horas semanales de más y a trabajarlas «gratis», como han denunciado en numerosas ocasiones CSIF o CCOO, que pedían la recuperación de derechos.
Pero el pasado octubre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la recuperación de las 35 horas semanales para todos los empleados públicos andaluces en un pulso al Gobierno de Rajoy, siguiendo así a otras comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura o el País Vasco. De hecho, el Gobierno interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la reducción de 37,5 horas a 35 horas aprobada por el ejecutivo de Castilla-La Mancha y que entró en vigor hace justo un año. Recientemente, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la ley que modificaba la jornada de trabajo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, por lo que tumbó la iniciativa del Gobierno regional de que estos recuperen las 35 horas semanales.
Sólo en Málaga, la aplicación de las 35 horas supondrá una necesidad de personal de 700 profesionales de todas las categorías sanitarias, según cálculos del responsable de sanidad de CCOO, Rafael González. La mayoría de los nuevos contratos deberían realizarse en los hospitales, ya que en los centros de salud los profesionales volverán a cobrar las guardias que en su día percibían como sueldo «extra».
«Nosotros lo que queremos es que se aumente el empleo público, ya hemos denunciado en numerosas ocasiones que con la pérdida de empleo que ha habido si no se produce un aumento habrá sobrecarga», señala, al tiempo que explica que de no aumentarse la plantilla, además de sobrecargarse los servicios se incrementarán las listas de espera para pruebas, consultas o quirófano. «Harán falta más de 500 trabajadores para aminorar el impacto de la medida sobre los ciudadanos», señala González, que explica que en el cómputo total, sólo en la provincia de Málaga se van a reducir 1,6 millones de horas, ya que cada empleado dejará de trabajar 105 horas al año.
Así las cosas, esta semana la bolsa de contratación del SAS debería empezar a hacer contratos ante la pronta llegada del día 16. Desde la Delegación de Salud en Málaga admitían ayer que el pasado 16 de diciembre se había abordado el borrador del decreto con el que regular legalmente a partir del próximo lunes, aspecto apoyado por los sindicatos. No obstante, no informaron ni del cómo ni del cuánto pese a la inminencia de la fecha de la vuelta a la jornada de 35 horas semanales. Desde CCOO reconocían ayer que la Junta ha informado a los sindicatos de que ha hecho los cálculos del impacto económico que le supondrá la medida, que podría hacerse poco a poco. «Me consta que ha habido reuniones entre las gerencias de los hospitales y el SAS para ver cómo se aplica», manifestó el responsable de sanidad de CCOO de Málaga, que admitió que, de no hacerse, quedarán descubiertos y las listas de espera se dispararán.
Ahora, falta por ver si el Gobierno recurre el órdago de la Junta de Andalucía. Desde el PP en Andalucía ya han manifestado que esperan diálogo y que hay que cumplir la ley estatal.
