La Junta de Andalucía comenzó este lunes a aplicar la vuelta a las 35 horas semanales de la jornada laboral en el sector público, tal y como establece el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno y convalidado por el Parlamento el pasado noviembre. Esta medida beneficia en la provincia a 40.000 trabajadores -todos los de la Junta excepto los de Justicia- que volverán a trabajar 35 horas, tal y como venían haciendo hasta 2012, cuando el Gobierno de España impuso el aumento de dos horas y media semanales y otras medidas con el objeto de equilibrar las cuentas.
En Málaga, la medida afecta a alrededor de 16.000 trabajadores sanitarios y obligará al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a reordenar el sistema sanitario. Además de contratar a más trabajadores de todas las plantillas -CCOO calculó la necesidad de 700- los gerentes de los centros sanitarios deberán reorganizar agendas y cuadrantes de personal, pues cada servicio y categoría lo hará de una forma según las necesidades.
Fuentes de la Delegación de Salud apuntaron ayer que la propia Consejería está concluyendo la definición de necesidades de plantilla y valoración económica en todos los centros del SAS y las agencias públicas. «En el caso de las organizaciones sanitarias la jornada se establece en términos anuales, por lo que cualquier descuadre inicial que se produzca porque ya estuviese programada actividad con la jornada de 37,5 horas se verá regularizada a lo largo del año. Todo ello, en el marco de la negociación colectiva, según se recoge en el borrador del Decreto que se está tramitando», señalaron las fuentes.
En este sentido, desde CCOO, su secretario de Sanidad, rafael González, admite que lo más complicado será hacer los cuadrantes del personal fijo de los hospitales, puesto que en los centros de salud los profesionales que hagan guardias volverán a cuadrarlas como antes, al igual que los sanitarios de los centros rurales, que volverán a percibir económicamente lo que recibían antes de 2012.
Pero en los hospitales la reorganización será más compleja. González admite que la necesidad de personal -en parte paliada con las ofertas de empleo público del año pasado y del presente más el aumento de horas de los estructurales al 100%- es crucial pues, de no contratarse más personal podrían verse incrementadas las listas de espera, para lo que es necesario un plan que garantice que las agendas se cumplan y que la demora no aumente. «Es importante que se adecue la actividad a la plantilla, no queremos que lo manden a los conciertos con las clínicas privadas», señala el sindicalista.
En este sentido, señala que según le han comentado algunos gerentes, las contrataciones se harán, fundamentalmente, cuando se vea que se sobrepasan las jornadas, fundamentalmente los profesionales de turno rotatorio, como personal de enfermería, celadores o pinches. Así, lamentó que aún no se hayan hecho contratos y esperó que se hagan para que los profesionales no se excedan en número de horas.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, explicó ayer que en el ámbito sanitario se modifican los cómputos anuales de cada turno, de modo que el nocturno pasa a 1.450 horas anuales, el rotatorio a 1.483 y el diurno de 1.645 a 1.540, es decir, 105 horas menos. La nueva jornada también se aplica de manera inmediata en educación, si bien la reducción de horas para los docentes no se materializará hasta el comienzo del próximo curso escolar.
En su informe al Consejo de Gobierno, María Jesús Montero destacó que la recuperación de las 35 horas es una medida generadora de empleo que conllevará un incremento de los efectivos para mejorar las prestaciones públicas, especialmente en salud y educación. En el primero de estos ámbitos se realizarán las contrataciones necesarias, mientras que en los centros educativos se procederá al nombramiento de personal interino. Tal y como prevé el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2017, los nuevos empleados se incorporarán de forma temporal y se avanzará en su estabilidad a través de las correspondientes ofertas de empleo público.
Pero la medida no está exenta de polémica, primero, porque hay quien la considera «precipitada» porque no se ha contratado al personal necesario y, por otra, porque el Gobierno podría impugnarla como ya ha hecho en otras comunidades autónomas.
De hecho, la consejera Montero informó ayer de que se iba a reunir con el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo y que este no recurra la decisión de la Junta de recuperar las 35 horas. La reunión, prevista para mañana, se ha aplazado ante el optimismo de la responsable de Hacienda, que se mostró «esperanzada».
En este sentido, desde CSIF Málaga, su portavoz, Esperanza Otero, esperó que haya entendimiento, pues los funcionarios volverán a recuperar un derecho perdido y se propiciará la creación de empleo.
