Diego Pérez Ramírez ha tomado posesión este miércoles como parlamentario del grupo socialista en sustitución de Luciano Alonso, quien renunció a su acta de diputado después de que el TSJA señalara para el pasado 30 de enero el inicio del juicio contra él por presunta prevaricación administrativa en relación a dos nombramientos.
El exconsejero de Educación, Cultura y Deporte formalizó su renuncia en el registro del Parlamento andaluz en diciembre, una vez que finalizó el último Pleno del año, en el que se aprobó el Presupuesto de la comunidad para 2017; para así cumplir con el código ético del Partido Socialista.
Así las cosas, Alonso compareció este lunes ante la Sala Civil y Penal del TSJA, con sede en Granada, en el juicio que se celebra contra él por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa en relación a los nombramientos de Luis Guerrero como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía.
El exconsejero de Educación, Cultura y Deporte defendió ante el TSJA que no intervino en el procedimiento administrativo para el nombramiento de Luis Guerrero, que desempeñó las tareas de asesor en materia de cultura para la provincia de Málaga y cuyo "encaje" como director del CAF desconocía, puesto que de hecho no supo que ostentaba este cargo en "toda la legislatura", hasta que "salió en prensa".
De su lado, la Fiscalía ha modificado sus conclusiones provisionales contra Luciano Alonso, al que, además de un delito de prevaricación administrativa por los nombramientos del director del CAF y de dos directores de la Filmoteca de Andalucía, ha sumado otro de falsedad en documento público por el que ha reclamado una pena de cinco años de cárcel, aunque la Sala lo ha rechazado al entender que esta ampliación de la acusación no tiene "encaje" legal.
Concretamente, el Ministerio Fiscal ha rebajado de 14 a nueve años su petición de inhabilitación para empleo o cargo público para el exconsejero por el presunto delito continuado de prevaricación administrativa que le atribuye, al haberse producido un "error" en la solicitud de la pena en aplicación de la normativa vigente.
Ha considerado, no obstante, que en el transcurso de la vista oral ha quedado "acreditada" la comisión de un delito de falsedad en documento público y ha ampliado su acusación, solicitado por ello también la pena de cinco años de prisión, multa de 12.000 euros y otros cinco años de inhabilitación para Alonso.
La petición de cárcel por este nuevo delito ha sido calificada de "sorpresiva" y "absolutamente inaceptable" por parte de la defensa del exconsejero, en tanto que a lo largo de todo el proceso solo se habían calificado los hechos como constitutivos de un posible delito de prevaricación administrativa, por lo que la suma de este nuevo delito genera a su entender una situación de indefensión.
En este contexto, la defensa, que ha pedido la libre absolución, ha solicitado al tribunal que enjuicia el caso en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que no admita este cambio.
