La Fiscalía modificó ayer sus conclusiones provisionales contra el exconsejero de Educación, Cultura y Deporte Luciano Alonso, al que, además de un delito de prevaricación administrativa por los nombramientos del director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de dos directores de la Filmoteca de Andalucía, sumó otro de falsedad en documento público por el que reclamó una pena de cinco años de cárcel, aunque la Sala lo ha rechazado al entender que esta ampliación de la acusación no tiene «encaje» legal.

El Ministerio Fiscal rebajó de 14 a nueve años su petición de inhabilitación para empleo o cargo público para el exconsejero por el presunto delito continuado de prevaricación administrativa que le atribuye, al haberse producido un «error» en la solicitud de la pena en aplicación de la normativa.

Consideró, no obstante, que en el transcurso de la vista oral quedó «acreditada» la comisión de un delito de falsedad en documento público y amplió su acusación, solicitado por ello también la pena de cinco años de prisión, multa de 12.000 euros y otros cinco años de inhabilitación para Alonso.

La petición de cárcel por este nuevo delito fue calificada de «sorpresiva» y «absolutamente inaceptable» por parte de la defensa del exconsejero, en tanto que a lo largo de todo el proceso solo se habían calificado los hechos como constitutivos de un posible delito de prevaricación administrativa, por lo que la suma de este nuevo delito genera a su entender una situación de indefensión. En este contexto, la defensa, que pidió la libre absolución, solicitó al tribunal que enjuicia el caso en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que no admita este cambio.

El tribunal, que está presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, hizo un breve receso para valorar la petición de la Fiscalía, que finalmente rechazó y que contestará en sentencia, al entender que efectivamente es «sorpresiva» y que supone una tipificación nueva de los hechos que podría haberse realizado inicialmente. Para el tribunal, se trata de una ampliación de la acusación sin aportar elementos, lo que no tiene encaje legal. Durante esta última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia, han declarado varios testigos, entre ellos técnicos que aludieron a la legalidad de los nombramientos de Luis Guerrero como director del Centro Andaluz del Flamenco y de Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores de la Filmoteca.