La educación Infantil no es obligatoria, pero es cada vez más elegida por los padres, que optan por llevar a sus hijos a la guardería para poder conciliar su vida familiar y profesional. Esto, unido a sus indudables beneficios pedagógicos y de sociabilización entre iguales, hace que pese al descenso de la natalidad, la demanda de plazas se mantenga estable en Andalucía. Para atender a un mayor número de familias, la Junta de Andalucía aprobó ayer en el Parlamento, con los votos favorables de los grupos socialista y de Ciudadanos, un nuevo decreto de medidas urgentes para favorecer la escolarización en este primer ciclo de Infantil de cero a dos años, que permitirá también, según la Junta, la concesión de ayudas a quienes las necesiten.

Además de aumentar el número de centros y plazas ofertadas, a partir de ahora cualquier centro público o privado autorizado podrá adherirse al denominado Programa de Ayuda a las familias en el mes de enero. Según los primeros datos, la red de centros del próximo curso estará formada por un total de 1.900 centros y escuelas infantiles, que ofertarán un total de 113.019 plazas, 15.016 más que en este curso en toda la comunidad autónoma.

Sin embargo, este nuevo decreto se ha encontrado con la oposición frontal de los sindicatos. CCOO, el mayoritario en el sector, convocó dos jornadas de huelga que se celebraron el miércoles y ayer jueves. Si no hay acuerdo con el decreto, menos lo ha habido a la hora de cuantificar la participación en estos paros, produciéndose una auténtica guerra de cifras. Si el primer día los convocantes cuantificaban el seguimiento en un 80% en la provincia de Málaga, la Junta lo redujo al 12%. Y si ayer, según CCOO, el 85% de las trabajadoras no fueron a sus puestos de trabajo, Educación informó de que la incidencia se quedó en un 10%. El desconcierto, por tanto, servido.

Porque de hecho, nada más conocerse el resultado de la votación, y a pesar de los esfuerzos de la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, para destacar los aspectos más relevantes del decreto durante el debate parlamentario del miércoles, que aumentarán las bonificaciones a las familias, el número de centros y las plazas ofertadas, bajo los criterios de calidad de la administración andaluza, así como el número de posibles beneficiarios de ayudas a las escolarización en este ciclo, la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas calificó de «paso atrás, vulneración de derechos fundamentales y agresión al Estatuto de Autonomía» la votación.

Y en una nota, las patronales del sector, «auténticos valedores de esta etapa educativa tan fundamental para niños y familias», tildaron de «burla» la «modificación encubierta» del decreto. «Tras no contar con estos agentes en la confección del decreto, sin ser recibidos en todo un año, movilizaciones en la sede de la Consejería y Delegaciones Territoriales de Educación y muchas otras acciones de protesta, ha salido adelante un decreto que disminuye sobremanera las partidas de bonificación a las familias andaluzas, y se desconocen los pagos por adhesión y gestión compensatorios a los centros adheridos que realizan este servicio público», subrayó el colectivo, que anunció nuevas protestas.

PP-A, Podemos e IULV-CA votaron ayer en contra de la convalidación. Así, el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, considera un «disparate» la modificación del decreto elaborada por el Gobierno andaluz «sin diálogo». La portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento andaluz, Esperanza Gómez, lamentó también el papel de «socio sumiso» de Ciudadanos con el PSOE-A para apoyar una norma que, según calificó, es un «decretazo» con el que el Gobierno de Susana Díaz «consolida recortes» por la vía del «ordeno y mando».

De la Calle, por su parte, insistió en que el nuevo decreto «ofrece un modelo abierto, más progresivo, más justo y transparente», asegurando que se mantendrán los empleos y las condiciones laborales de los trabajadores. «Más centros, más plazas y más posibles beneficiarios con el nuevo modelo», resumió la consejera, que estimó que para el próximo curso más de 43.000 niños de cero a dos años accederán de forma gratuita a estas enseñanzas, que, según la normativa estatal, «ni son obligatorias ni universales ni gratuitas».