El diputado de Podemos Diego Cañamero no acudió a mediodía de ayer al Supremo para su declaración voluntaria como investigado por dos delitos, por lo que el tribunal, ante su incomparecencia, tramitará el suplicatorio para actuar contra él, tal y como ha solicitado ya el fiscal. El Supremo había citado al diputado a las 13.00 horas como investigado por un delito de coacción sobre el derecho de huelga y otro de daños, pero el político y exlíder sindical no acudió a su citación.

El propio Cañamero justificó su decisión porque considera que «todo es puro teatro» y que «las cosas ya están decididas», por lo que afirmó que está dispuesto a asumir cualquier consecuencia por faltar a los tribunales. «Hay una persecución sobre los que hemos estado luchando durante mucho tiempo», indicó. Por eso, dijo, desde 2010 no acude a «ningún llamamiento de ningún juez ni ningún fiscal».

En esta fase del procedimiento el tribunal no puede obligarle a presentarse, pero el instructor de la causa, Andrés Martínez Arrieta, sí puede -y lo hará con toda probabilidad- pedir al tribunal que tramite el suplicatorio para incriminarle, según fuentes del Supremo. Así lo ha solicitado el fiscal, después de que el tribunal esperara durante unos 30 minutos. A partir de que el Congreso conceda el suplicatorio, todo se sucederá como ocurriría en cualquier otro procedimiento, con una nueva citación, esta obligatoria.

Detención

En ese contexto, una nueva incomparecencia podría incluso provocar la detención o, en todo caso, podría acelerar el procesamiento y apertura de juicio en su contra.

Cañamero, como diputado, es una persona aforada ante el Supremo, lo que supone que para incriminarle el alto tribunal debe pedir permiso al Congreso (formalmente, suplicatorio). Por esa razón la comparecencia de ayer era voluntaria, aunque en calidad de investigado (imputado), para que tuviera la oportunidad de explicarse antes de que se decida sobre si se pide el suplicatorio para encausarle.

En declaraciones a Efe, Cañamero insistió ayer en que ya se declaró «insumiso judicial» en 2010. Los hechos en los que está implicado sucedieron en La Rinconada (Sevilla) en noviembre de 2008, en la finca «La Jarilla», donde él y otras personas se personaron con el fin de presionar a los trabajadores para que hicieran huelga. Según el relato del fiscal, «una vez en el lugar insultaron a los trabajadores y a los empresarios, llamándoles entre otros epítetos, sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta». Además, causaron daños en la finca tasados en 1.797,97 euros.