La presidenta de la Junta, Susana Díaz, garantizó ayer que cumplirá lo firmado con Ciudadanos en lo que a la supresión de los aforamientos respecta, si bien defendió que esta circunstancia debe abordarse a nivel estatal porque «no puede ser una subasta entre territorios». También se pronunció sobre este asunto el portavoz Miguel Ángel Vázquez: «La eliminación de los aforamientos políticos está en el documento y lo llevaremos a efecto», aseveró.

Las declaraciones de Díaz y del portavoz del Gobierno andaluz se producen después de que Ciudadanos haya anunciado que presentará una iniciativa en el Parlamento para reformar el Estatuto con el fin de «acelerar la supresión» de los aforamientos, medida que recoge el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE-A y Cs. Al ser preguntada por esta iniciativa de la formación naranja, la presidenta respondió: «Me parece bien porque lo firmamos y yo lo que firmo lo cumplo». No obstante, acto seguido indicó que el país necesita un debate «profundo» y «urgente» sobre los aforamientos, sobre la cantidad y sobre las condiciones de los mismos.

Y es que, como advirtió, la supresión de los aforamientos «no puede ser una subasta entre territorios que vaya en función de la necesidad de notoriedad que se tenga en un momento determinado». Por ello, Díaz señaló que afrontar este debate es necesario pero hay que hacerlo en todo el país. «Hace falta un debate profundo en el conjunto del país, aquí lo haremos pero requiere de una reforma del Estatuto de Autonomía y un referéndum, nos comprometimos y lo haremos», zanjó.

El PP pide un debate nacional

Mientras, el PP andaluz apostó por elevar a nivel nacional el debate sobre la eliminación de los aforamientos, pero pidió que se haga «de forma sosegada y rigurosa», con un trabajo previo de todos los partidos, y no mediante «un titular de prensa». El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, recordó en rueda de prensa que el líder de su formación, Juanma Moreno, ya planteó esta propuesta «antes que nadie», después del anuncio hecho el martes por Ciudadanos según el cual tratará de acelerar su eliminación. «Es una bandera que el PP ya ha levantado y planteado antes que nadie», agregó Bendodo, quien sin embargo considera que el debate debe ser «mucho más ambicioso» y hacerse a nivel nacional con la implicación de todos los partidos.

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, incidió en que «hay que ver la letra pequeña» de la propuesta de Ciudadanos ya que no debe producirse «desprotección» del trabajo parlamentario en denuncias de corrupción o de vulneración de derechos.

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con los estibadores malagueños, Maíllo señaló que su grupo «debe saber a qué se refiere Ciudadanos, porque, desde luego, si se refiere a cuestiones de corrupción y de esas cosas que les gusta mucho al Ibex 35, Izquierda Unida va a estar de acuerdo». No obstante, Maíllo teme que «se puedan aprovechar de lo que puede ser una medida razonable para desmantelar la vida parlamentaria y el blindaje que han de tener los parlamentarios a la hora de desmontar las corruptelas y los abusos del poder». «Cuidado con eso, porque no vaya a ser ahora que se vengan encima ataques a la labor parlamentaria», insistió.