Carnero asume el reto de Empleo y Díaz prescinde de Maldonado y De la Calle

Es la primera vez que Málaga cuenta sólo con un consejero en el Consejo de Gobierno. También fueron destituidos ayer de sus cargos el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera; el consejero de Salud, Aquilino Alonso; y la consejera de Agricultura y Pesca; María del Carmen Ortiz.

La presidenta de la Junta ha optado, por tanto, por mantener al núcleo duro de su gabinete para los dos años que quedan de legislatura con Manuel Jiménez Barrios como vicepresidente, Antonio Ramírez de Arellano en Economía y María Jesús Montero en Hacienda, además de la continuidad de María José Sánchez Rubio en Igualdad y Políticas Sociales, Felipe López en Fomento y Vivienda, Francisco Javier Fernández en Turismo y Deporte, y José Fiscal en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Las novedades que incorpora Susana Díaz a su gabinete afectan a carteras clave del Ejecutivo como Educación, con un guiño al movimiento sindical con la entrada de Sonia Gaya Sánchez, actual responsable de Institucional de UGT-A; y Salud, a la que se incorpora Marina Álvarez Benito, actual gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, especialista en cáncer de mama y Medalla de Andalucía en 2013.

El resto de incorporaciones al Gobierno andaluz son el parlamentario del PSOE-A por Almería Rodrigo Sánchez Haro ­­-que actuó como portavoz en la comisión de investigación sobre los cursos de formación- como consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y el sevillano Miguel Ángel Vázquez, hasta ahora portavoz del Gobierno y que ahora se integra de lleno en el gabinete como consejero al frente de Cultura.

Otras novedades de calado son el cambio de cartera de Rosa Aguilar, que pasa al frente de Justicia e Interior, y la incorporación del periodista Juan Carlos Blanco como portavoz del Gobierno, que ocupa el hueco dejado por Miguel Ángel Vázquez, que venía ejerciendo esta labor bajo la presidencia de Susana Díaz tras haberla asumido en la última etapa de José Antonio Griñán. Susana Díaz le comunicó personalmente ayer tarde en el Palacio de San Telmo a todos los consejeros salientes los motivos de su destitución justo casi dos años después de que fueran nombrados el 17 de junio de 2015.

Destituciones

En el caso de los malagueños, a la ya exconsejera de Educación le han pasado factura varios conflictos como el nuevo decreto de las guarderías, la sentencia sobre la educación diferenciada, el estado de algunos colegios públicos, los resultados una vez más del informe Pisa que volvía a colocar a Andalucía en la cola de España o el polémico inicio del curso escolar, donde hubo protestas por recortes en plantillas, profesores interinos que no pudieron ser contratados, la improvisación en la implantación de nuevas materias, como la segunda lengua extranjera...

Por su parte, José Sánchez Maldonado no ha podido cumplir con una de las promesas de la propia presidenta de la Junta de Andalucía como era reanudar los necesarios cursos de formación en 2016 tras su suspensión ordenada por la propia Díaz en 2013 para evitar que le salpicaran nuevos escándalos de corrupción.

En estos dos años, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha dedicado más tiempo a tratar de recuperar el dinero supuestamente estafado con el caso de los ERE y con los cursos de formación, que a impulsar medidas eficaces para combatir el paro en la comunidad, que ronda el 26,9% de la población activa.

Ni en uno ni en otro caso ha estado muy afortunado el departamento que dirigía hasta ayer el malagueño José Sánchez Maldonado, pues los últimos datos apuntan que la Junta sólo ha recuperado 12 millones de euros por el posible fraude de ambos casos -8,7 millones de las subvenciones concedidas para cursos de formación y 3,6 millones por los ERE-.

Tampoco ha sido capaz de solucionar la parálisis de los cursos de formación para desempleados, bien por el escaso margen de maniobra de la pesada máquina burocrática y los nuevos controles para evitar otros fraudes, bien por las reclamaciones de las empresas aspirantes a esos cursos de formación, que incluso han presentado recursos administrativos.

Otra de las destituciones, la del consejero de Salud era más que previsible después de las multitudinarias manifestaciones en Granada, Málaga y Huelva por el proceso de fusiones hospitalarias, que obligó al propio Aquilino Alonso a la paralización del nuevo sistema sanitario andaluz y recuperar el modelo antiguo. Pero su suerte era cuestión de tiempo. La presión social se cobró hasta tres víctimas políticas: las dimisiones del viceconsejero de Salud andaluz, Martín Blanco; del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, y de la directora gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López Espada. Sólo quedaba la suya.

Nueva etapa

La presidenta de la Junta de Andalucía mantuvo ayer un encuentro previo con los ocho secretarios provinciales a los que les informó de la crisis de gobierno y de la estrategia para relanzar una nueva agenda política que le permita tomar la iniciativa que había perdido en el último año debido a su intento por hacerse con el control del partido en España.

Díaz ha decidido abordar esta crisis de gobierno para afrontar la segunda mitad de la legislatura a las 24 horas de su comparecencia en el Parlamento andaluz para tratar la situación de la comunidad y 18 días después de su derrota ante Pedro Sánchez en las primarias a la secretaría general del PSOE. Con esta maniobra, la presidenta de la Junta intenta recuperar pulso político como se comprobó en el Parlamento andaluz el pasado miércoles donde anunció una batería de propuestas de marcado perfil de izquierdas para crear empleo y recuperar derechos como la bonificación del 99% de las matrículas universitarias; una renta mínima de inserción social para familias con ingresos inferiores a 415 euros al mes; la creación de una mesa de calidad del empleo con los agentes sociales; la incorporación de más de 5.000 profesores o un calendario de aperturas de los centros sanitarios prometidos y que acumulan años de retraso.