Los ocho juzgados andaluces especializados en las reclamaciones por las cláusulas suelo de las hipotecas han recibido 11.319 demandas desde la entrada en vigor el 1 de julio del plan aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dedicar órganos judiciales en exclusiva a estos casos. Los datos fueron ofrecidos ayer por la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, durante su comparecencia en comisión parlamentaria a petición de Podemos, en la que reiteró el rechazo de la Junta al plan ideado por el CGPJ y su petición al órgano de gobierno de los jueces para que lo replantee.
Aguilar calificó los datos de «alarmantes», sobre todo porque saben que «van a venir más demandas» y aunque destacó el esfuerzo de los funcionarios de los ocho juzgados ante esta «avalancha», aseguró que no se puede seguir, ya que se están señalando vistas ya para 2019. «Así no podemos seguir», subrayó.
La consejera recordó que fue el CGPJ quien determinó el número de juzgados que en cada comunidad se destinarían al plan?(54 en toda España, 8 de ellos en Andalucía) y los funcionarios de refuerzo para ello, 44 en la comunidad andaluza (siete de ellos para Málaga), así como los plazos para la incorporación de éstos.
Así, en julio se incorporaron 23 gestores y tramitadores mientras que en septiembre lo harán ocho más (inicialmente estaba previsto que fueran tramitadores pero se ha decidido que sean funcionarios de auxilio judicial) y en octubre los últimos 13 (un gestor y 12 tramitadores).
La diputada de Podemos Begoña Gutiérrez dijo que el número de funcionarios es una «recomendación» del CGPJ pero pidió a la Junta que utilice sus competencias sobre los funcionarios de Justicia para aumentar esta cifra.
La consejera respondió que no lo harán: «Cuestionamos la mayor y queremos que este sistema se cambie». Y precisó: «Por más funcionarios que pongamos no va a funcionar porque los señalamientos los hacen los jueces».
Aguilar recordó que el plan del CPGJ ha sido denunciado por el Consejo General de la Abogacía, cinco jueces de Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba y Almería, las organizaciones de consumidores y cuestionado por el Defensor del Pueblo Andaluz. Subrayó que Andalucía y otras comunidades expusieron sus reparos porque «iba a colapsar los juzgados» y alargar el tiempo de respuesta a la ciudadanía.
El CGPJ se comprometió a evaluarlo a finales de septiembre, por lo que la consejera confió en que «rectifique» y se busque otra fórmula con las comunidades y los agentes jurídicos. En Andalucía desde el 1 de julio se encargan de las reclamaciones de la cláusulas suelo el juzgado de Primera Instancia número 10 de Sevilla, el número 18 de Málaga, el 2 de Jaén, el 6 de Huelva, el 9 de Granada, el 2 de Cádiz, el 9 de Córdoba y el 7 de Almería. De los 44 funcionarios de refuerzo atribuidos a éstos, los de Almería, Cádiz, Córdoba y Jaén contarán con cuatro cada uno y los de Granada, Huelva, Málaga y Sevilla con siete.
Aguilar aseguró también ayer que van «a hacer» un plan de infraestructuras judiciales «para el menos cuatro años» que van a «consensuar» con los grupos y para el que «este último trimestre del año debe ser clave» para que llegue al Parlamento en un «tiempo razonable». También se refirió al traslado previsto del registro civil de Torremolinos, donde destacó que no está siendo fácil encontrar un edificio que reúna las condiciones para instalarlo.
