Los medios para ayudar a los ciudadanos que se vieron afectados por cláusulas suelo al contraer sus hipotecas se han reforzado durante este año en Andalucía, según informaron ayer las consejeras de Justicia, Rosa Aguilar, y de Salud, Marina Álvarez.
En total, se han incorporado 44 funcionarios y se han adaptado los espacios y medios de ocho juzgados de la región. Unas medidas que han tenido un coste de 750.000 euros durante este año y prevén para el próximo año una inversión de 2,8 millones de euros para su mantenimiento. Además, desde julio se lleva a cabo un programa de formación específico para funcionarios y diversas adaptaciones del sistema informático.
Otra de las medidas para proteger a las personas afectadas ha sido la imposición de sanciones valoradas en 9,1 millones de euros a siete entidades bancarias, a partir de denuncias particulares tramitadas. Una cantidad que incluye el comiso de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de una disposición de la legislación andaluza que posiciona a la comunidad entre las pioneras en aplicar esta medida, ya que la legislación estatal no la contempla.
La apuesta en marcha del plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial, que entró en vigor en junio de 2017, es un instrumento «insuficiente». tras el «fracaso» del mecanismo extrajudicial puesto en marcha por el Gobierno español, y la propia titular de Justicia pidió que el órgano de gobierno de los jueces lo rectifique.
Los ocho juzgados andaluces especializados en cláusulas suelo contabilizan cerca de 16.000 demandas, una cifra que supera todas las previsiones del Consejo General del Poder Judicial y afecta a los ciudadanos que ven cómo se incrementa el tiempo de espera en la resolución de sus procedimientos judiciales, según Aguilar.
