10 de diciembre de 2017
10.12.2017
Tribunales

Chaves y Griñán se sientan esta semana en el banquillo

El juicio a los expresidentes andaluces y a otros veinte ex altos cargos de la Junta por el caso ERE arranca el miércoles con la presentación de las cuestiones previas y se reanudará el 9 de enero

10.12.2017 | 17:33
José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir de este miércoles a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos acusados en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

De este modo, la vista oral comenzará el miércoles con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas, cuestiones previas que se prolongarán también los días 14 y 15 en horario de mañana, tras lo que el juicio está previsto que se reanude ya el 9 de enero con la declaración de los acusados.

A partir de entonces, el juicio tendrá sesiones los lunes y martes en horario de mañana, a partir de las 10.00 horas, y los miércoles en horario de mañana y tarde, aunque se podría habilitar alguna sesión semanal más en caso de que fuera necesario.

No obstante, fuentes consultadas por Europa Press indicaron que el juicio comenzará este miércoles pero podría sufrir retrasos en su desarrollo debido a que no será hasta el martes, un día antes del inicio de la vista oral, cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apruebe definitivamente las comisiones de servicio necesarias para que dos magistradas que conforman el tribunal estén liberadas y puedan dedicarse con exclusividad al estudio de la causa. Las fuentes explicaron que, cuando se planificó el juicio, se adoptó un compromiso para que estas dos magistradas -Pilar Llorente y Encarnación Gómez- estuvieran liberadas para estudiar con exclusividad esta causa un mes o mes y medio antes del inicio del juicio, lo que finalmente no se producirá hasta un día antes de la vista oral y conllevará retrasos en su desarrollo.

Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza política de los ERE, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses y algunas fuentes apuntan a que podría llegar al año de duración.

Sillas en vez de banquillo

El juicio se celebrará en una sala de vistas ubicada en la cuarta planta del edificio de la Audiencia Provincial, que, dado el elevado número de partes personadas en este procedimiento, ha sido sometida a una serie de obras para ampliar su capacidad. En este sentido, el tradicional banquillo de los acusados ha sido sustituido por sillas, hasta un total de 22.

En el estrado, además del tribunal, se sentarán los 21 abogados de los 22 acusados, los dos fiscales delegados de Anticorrupción y los letrados que ejercen la acusación popular en nombre del PP-A y del sindicato Manos Limpias.
El magistrado ponente del juicio será Juan Antonio Calle Peña, quien sí está liberado para estudiar la causa desde hace meses.

Los 22 acusados

Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías; y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.

También serán juzgados los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez; y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 procesados.

Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.

Por el delito de malversación, el Ministerio Público pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para Griñán, Martínez Aguayo y Manuel Gómez, mientras que para otros doce ex altos cargos, eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación. La Fiscalía pide que estos 15 acusados respondan solidariamente de la «devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E», y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.

Así, cifra la cantidad que deben devolver estos 15 acusados por malversación en más de 741 millones en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados 483,9 millones de euros, por las ayudas concedidas entre 2005 y 2010.

La Junta y el PP-A

Por su parte, la acusación particular que ejerce la Junta en el caso ERE ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay «trama criminal» ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE. Mientras, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
En el auto de procesamiento, le juez cifra en al menos 854.838.243 euros las partidas destinadas a estas ayudas irregulares.

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