El ex director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero afirmó ayer que «nunca» ha hablado de «fondos de reptiles», aclarando que no podía hacerlo cuando tenía «una partida presupuestaria -22E y 31L- con memoria, dotación para un fin concreto y que se aprobaba anualmente con las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía». «Nunca salió de mi boca, se ha tergiversado para pensar que teníamos fondos reservados», insistió.
Así se pronunció Guerrero a preguntas de su defensa en la novena sesión del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo por la Junta.
Tras concluir el visionado de la declaración de Guerrero ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en octubre de 2015, que ratificó con una salvedad, el ex director general aclaró que no ratificó las declaraciones realizadas ante la juez Mercedes Alaya, ni las realizadas ante la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque hay «errores y conceptos que no habían salido de mi boca». Así, aseguró que nunca ha hablado de «fondo de reptiles», expresión que se relaciona con el propio Guerrero para describir el destino de las partidas. «Nunca salió de mi boca. Se ha tergiversado y ha servido de base para la prensa y muchas informaciones y para pensar que teníamos fondos reservados. Nada cierto», indicó el ex director general, precisando que se habla de partidas, la 22E y posteriormente la 31L, que «cumplían los requisitos y garantías legales de la administración andaluza, que aprobó durante nueve años con la Ley de Presupuestos».
También declaró ayer el exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004, José Antonio Viera, quien defendió el convenio marco promovido en 2001 para que el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) asumiese la tramitación y pago de las ayudas sociolaborales y las subvenciones a empresas, que firmó por su «absoluta apariencia de legalidad».
Conflictividad general
Viera, en cuya Consejería estaba Guerrero como director general de Trabajo, expresó que el consejero saliente, Guillermo Gutiérrez, le puso al tanto de la «situación de conflictividad general que había en Andalucía» a cuenta de los conflictos laborales en empresas como Santana Motor, los astilleros de Sevilla y Huelva, Boliden-Apirsa o las empresas de la Faja Pirítica de Huelva, entre otras. Frente a estas «situaciones críticas», la estrategia acordada pasaba por «prejubilaciones anticipadas» para los empleados de las empresas que ya «no tenían solución» y analizar medidas alternativas para las sociedades que aún contaban con capacidad de resistencia, toda vez en el caso de las prejubilaciones, se optó por ayudas sociolaborales individuales para resolver los dramas personales de los afectados. En este contexto defendió el convenio marco firmado entre IFA y la Consejería, que nació después de que él mismo pidiese que se buscase «una fórmula legal, ágil y rápida» para la concesión de ayudas.
También declaró ayer el exviceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, Agustín Barberá, quien asegurado que el Parlamento conocía el sistema de concesión de ayudas sociolaborales de la administración autonómica.
