El Pleno del Consejo Andaluz de Medio Ambiente (CAMA), principal órgano de participación de los agentes sociales y económicos de esta materia en la comunidad autónoma, ha analizado este jueves, entre otros puntos del orden del día, el decreto-ley --la fórmula "más rápida y con más garantías jurídicas-- que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ultima para declarar la situación de sequía en las Demarcaciones Hidrográficas del Guadalete-Barbate y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, zonas con sequía severa y, por tanto, con una gravedad especial.
En declaraciones a los periodistas en Dos Hermanas (Sevilla), donde se ha celebrado el Pleno, el consejero del ramo, José Fiscal, que ha precisado que a pesar de ser el quinto año con precipitaciones por debajo de la media --este año ha llovido un 10 por ciento de lo normal en algunas zonas de la región-- se ha logrado evitar las restricciones en las grandes ciudades, ha dado cuenta de que sí habrá, sin embargo, un reparto que "palíe" las deficiencias donde sean más severas, con medidas como un trasvase previsto a algunas zonas de Málaga, respecto a las cuales "no hay problemas" desde el punto de vista de la sostenibilidad no hay problemas.
Fiscal, al respecto, ha manifestado que en las provincias con mayor déficit hay obras del Gobierno central pendientes de una ejecución que posibilitaría que dichos enclaves estuvieran en una situación "mucho mejor y con mucha más disponibilidad", entre las cuales ha citado el recrecimiento de la presa de La Concepción de Málaga, el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras a la zona del Condado de Huelva o el "fundamental" del pantano de Iznájar(su trasvase ha sido muy demandado los últimos meses por alcaldes de municipios del norte de la comarca de Antequera), "el más grande de la comunidad autónoma" y gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a la zona norte de la provincia de Málaga.
En relación al decreto, el consejero ha afirmado que la Junta ya cuenta con un borrador de esta normativa, pendiente de los informes del gabinete jurídico y la Consejería de Hacienda, para avanzar en los trámites hacía su aprobación por el Consejo de Gobierno y el Parlamento, prevista para el mes de marzo.
La norma dotará al Gobierno andaluz de los instrumentos normativos que le permitan proceder a la ordenación y protección de los recursos hídricos para preservar los intereses generales, en el marco de la legislación de aguas nacional y andaluza.
Para ello, otorga un elenco de facultades para modificar las condiciones de utilización del dominio público hidráulico y para establecer las medidas que sean precisas para la justa y racional distribución de los recursos disponibles, adoptándose medidas puntuales de modificación, sustitución, incorporación y asignación temporal de recursos al sistema global de explotación.
Los procedimientos vinculados a la ejecución del decreto-ley se declararán de urgencia, al amparo del la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que simplificará los trámites para la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, elemento central para garantizar la eficacia de esta regulación excepcional, asegurando en todo caso la necesaria participación y audiencia de los interesados.
En este sentido, el consejero ha explicado que aunque se han venido anticipando diversas medidas de carácter preventivo, la secuencia de años secos y la merma de las reservas existentes ha derivado en una "escasez" en la disponibilidad de recursos hídricos para atender con garantía las demandas de estas demarcaciones.
Los municipios de la costa mediterránea de la provincia de Cádiz y del litoral de la provincia de Málaga, con una población de más de dos millones de personas, obtienen sus recursos para el abastecimiento principalmente desde sistemas de regulación. Actualmente, los escasos recursos disponibles no permiten garantizar este suministro básico a dos años.
