El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta entre abril de 2005 y abril de 2009, Francisco Vallejo, manifestó ayer, durante su declaración en el juicio por el procedimiento específico en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que celebra la Sección Primera de la Audiencia, que fue decisión personal suya continuar con el pago de las ayudas sociolaborales a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en virtud del convenio marco de 2001 con la Consejería de Empleo, una vez que este ente instrumental salió de Empleo y pasó a formar parte del organigrama de su Consejería, con el fin de evitar «problemas» con el departamento que dirigía entonces Antonio Fernández.

El ex director general del IFA Miguel Ángel Serrano planteó en 2004 a Vallejo que Empleo asumiera la gestión y pago de las ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis una vez que el IFA pasó a formar parte de la recién creada Consejería de Innovación. Vallejo, según declaró ayer en la decimonovena sesión del juicio, consideró razonable el planteamiento y realizaron gestiones para poder llevarlo a cabo, aunque se presentaba la «dificultad» de la relación con Empleo.

El exconsejero señaló que el hecho de que la Consejería de Empleo asumiera toda la gestión suponía que había que cambiar la Ley de Presupuestos y además «un nuevo enfrentamiento» con Empleo. Para evitar un conflicto y la dificultad de cambiar la Ley, Vallejo, «por decisión personal, asumió la responsabilidad de continuar» igual el procedimiento, esto es, la Dirección General de Trabajo gestionaba y concedía las ayudas y pagaba el IFA.

«Nadie me advirtió de ilegalidad al respecto y no quería problemas ni abrir una nueva batalla con la Consejería de Empleo», señaló el exconsejero, para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación.

Vallejo explicó que, tras la creación de su consejería, que asumió un 80% de las competencias de Empleo y de otros departamentos de la Junta, el entonces consejero, Antonio Fernández, mantuvo una relación «poca amistosa» con él durante la legislatura.Declaración de Juan Márquez

La declaración de Vallejo siguió ayer a la del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, quien defendió que las subvenciones concedidas desde su departamento se ajustaban a la legalidad, como demuestra a su juicio el hecho de que no contaron con reparo alguno por parte de la Intervención. Tampoco las «asistencias técnicas» contratadas reflejaron ninguna ilegalidad.

Juan Márquez, uno de los 22 ex altos cargos de la Junta acusados en este juicio, respondió ayer a las preguntas de su abogado defensor después de que el lunes no ratificase el contenido de su comparecencia judicial ante la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa, los días 3 y 4 de julio de 2012. Y es que según Juan Márquez, dicha comparecencia se desarrolló «con una presión muy fuerte». En aquella comparecencia, Márquez manifestó a Alaya, entre otras cosas, que no conocía el contenido del convenio marco suscrito en 2001 entre Empleo y el IFA para que este último actuase como pagador de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE, unas subvenciones que según la investigación no habrían contado con la debida fiscalización y publicidad.