El parlamentario andaluz de IU José Antonio Castro, la diputada nacional de la coalición Eva García Sempere y el coordinador general de IU en Málaga, Guzmán Ahumada, reclamaron ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que «revierta» la situación sanitaria de la región y acusaron al PSOE de «haber permitido que empresas privadas tengan dominio en zonas y servicios de toda la comunidad».
En rueda de prensa, Ahumada señaló que los socialistas han permitido «que la Junta no tenga capacidad para sostener por sí sola el sistema universal de sanidad, apoyándose en los conciertos con clínicas privadas», criticando que hayan dejado «que algunas de ellas nos hagan chantaje».
Así, recordaron la resolución de un expediente sancionador de la agencia de Defensa de la Competencia contra la firma que gestiona las clínicas Pascual, «en el que se afirma que dicha sociedad habría obtenido unos beneficios ilícitos de más de 164 millones de euros en toda la Comunidad».
«Los recortes y la falta de inversión genera posicionamiento de dominio en zonas de Andalucía y también en cartera de servicios, como ocurre en Málaga», señaló Ahumada, quien apuntó que «esta dependencia permite a los usureros chantajear a la Junta de Andalucía, como se ve en este informe».
El coordinador provincial solicitó a la presidenta andaluza «que revierta la situación, ya que, según los datos, el gasto que se está trasladando a la privada es mayor que el coste de inversión que habría que hacer en la pública».
Por su parte, Castro indicó que la resolución de la Agencia de la Competencia a Clínica Pascual «viene a revelar una situación dramática de la sanidad andaluza que también tiene sus consecuencias en Málaga».
El parlamentario andaluz explicó que «se abrió expediente por dos prácticas irregulares después de que en los tres hospitales de Pascual en la provincia de Cádiz, la empresa diera unilateralmente terminado el concierto en 2014 y exigió al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que siguiera utilizando sus servicios y según sus propias condiciones».
Recordó que «en aquel proceso unilateral entre 2014 y 2015, Pascual exigió a la Junta de Andalucía la enajenación del hospital comarcal del Guadalhorce, pasarlo a titularidad privada e incluirlo en el paquete de conciertos, lo que, afortunadamente, la Junta no aceptó».
