El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha defendido hoy que las ayudas a trabajadores afectados por ERE investigadas eran el "programa más publicitado" del Gobierno andaluz pese a reconocer que no existía una norma concreta donde consultar los requisitos, al señalar que los conocían los sindicatos.
Fernández se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el juez instructor.
Es, junto a Guerrero, el único de los 22 acusados -entre los que se encuentran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- que ha pasado por prisión y su interrogatorio está siendo de momento el más largo pues lleva tres días respondiendo al fiscal.
En la sesión de hoy, el fiscal Juan Enrique Egocheaga le ha preguntado insistentemente por cómo un trabajador podía informarse sobre las ayudas para prejubilación que daba la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y dónde se podían consultar los requisitos, si bien Fernández se ha limitado a señalar que la "información, publicidad y conocimiento del contenido de las ayudas las tenían quienes debían tenerlo, los sindicatos y comités de empresa" por su papel negociador de los ERE.
El exconsejero ha insistido en que los requisitos se fijaban en cada ERE al igual, ha asegurado, que ocurría con las ayudas concedidas por el Gobierno central al amparo de la ley ministerial de 1995.
