La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, exigió ayer a la Junta de Andalucía que paralice la tramitación de la nueva norma urbanística en la que está trabajando, la conocida como Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía (LUSA), «porque es antimunicipalista, supone una injerencia al socavar la autonomía municipal y carga de responsabilidades a los ayuntamientos sin dar medios materiales ni humanos».
Esta nueva ley, que se encuentra en fase de anteproyecto, ha sido elaborada «de espalda a los ayuntamientos y supone una enorme pérdida de oportunidades para solucionar los problemas históricos con el urbanismo en Andalucía, como las 300.000 viviendas en situación irregular», criticó la dirigente popular. En rueda de prensa junto a la vicesecretaria de Política Municipal del PP de Málaga, Natacha Rivas, y tras mantener un encuentro con concejales, diputado provincial y técnicos de Urbanismo y Fomento de la provincia, Navarro reclamó la paralización «urgente» del procedimiento normativo: «No supone la agilización en la tramitación de los planeamientos urbanísticos, que actualmente tardan en aprobarse una media de entre ocho y diez años».
La LUSA plantea la sustitución del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por dos nuevas herramientas de planeamientos urbanísticos supeditadas a la aprobación del Gobierno andaluz, «por lo que ahora que habrá dos planeamientos, difícilmente se acortarán los plazos de aprobación».
La nueva normativa establece un plan general de ordenación estratégica, a medio y largo plazo, que dependerá del Gobierno andaluz; y un plan municipal de ordenación urbana, que sólo estará referido al suelo urbano consolidado y que, si bien debe ser aprobado por cada ayuntamiento, su aprobación definitiva estará supeditada al primer plan.
«Es la pescadilla que se muerde la cola y, en vez de simplificar, la Junta opta por dos planeamientos en vez de uno», lamentó la número dos del PP de Málaga.
