La portavoz de Sanidad del PP andaluz, Lina García, acusó ayer a la Junta de Andalucía de no cumplir la ley y «buscar atajos» en la dotación de las ambulancias necesarias para cubrir las emergencias sanitarias. Así, exigió a la consejera de Salud, Marina Álvarez, que paralice los pliegos de licitación de este servicio en cinco provincias andaluzas.

La denuncia de los populares, que cuenta con el apoyo de la plataforma Emersan, que aglutina al sector de técnicos de emergencias sanitarias, se basa en que la Junta ha creado un nuevo tipo de ambulancia, que, según García, «no existe en el Real Decreto que regula el transporte sanitario, para utilizar como asistenciales ambulancias que cuentan con un solo técnico que hace las veces de conductor y de sanitario».

La legislación, explicó, señala que hay cuatro tipos de ambulancias: «las no asistenciales, del tipo A1 y A2, que se deben utilizar únicamente para el transporte de pacientes programados y por eso sólo llevan un técnico que hace de conductor, y luego están las tipo B y tipo C, que son asistenciales y deben llevar como mínimo dos técnicos sanitarios para asistir en las emergencias», detalló. Sin embargo, García indicó que la Junta «busca otro camino para saltarse la ley y se ha inventado un nuevo tipo de ambulancia que es la A1E». «A pesar de ser una ambulancia no asistencial, según la Ley, la equipan con todo el material médico como a una tipo B, y pese a que la ley dice que la A1E es no asistencial y no puede transportar ningún paciente no programado, las va a usar como ambulancias asistenciales», denunció.

La portavoz del PP agregó que en los pliegos publicados y sacados a licitación por la Junta se incluyen 39 de estas ambulancias en Huelva, 43 en Granada, 49 en Jaén y 41 en Cádiz.

Tras una reunión con representantes del sector de emergencias sanitarias, en la que estuvieron presentes también las parlamentarias andaluzas por el PP de Málaga, Esperanza Oña y Mariví Romero, el presidente de la plataforma Emersan, Antonio García Heras, ratificó la denuncia del PP. Así, explicó que las licitaciones son «económicamente deficitarias, por lo que la calidad asistencial se va a ver mermada y eso siempre al final redunda en los pacientes».