La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, se comprometió ayer con el colectivo de las camareras de piso a trasladar sus reivindicaciones a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez.

Castilla se reunió en Sevilla con representantes de este colectivo de las cuatro provincias andaluzas en las que están organizadas - Huelva, Granada, Málaga y Sevilla- y les aseguró que la derogación de la reforma laboral ayudaría mucho a sus demandas, pero que, mientras, se puede avanzar mucho en sus derechos.

Según indicó el sindicato en un comunicado, en total hay unas 30.000 kellys en Andalucía, «que se han hecho visibles gracias a que se han organizado y han conseguido el apoyo sindical, como el de UGT». Se trata, según el sindicato, de un colectivo que sufre las peores condiciones laborales en el sector turístico, con salarios bajos que llegan a ser míseros en algunos casos, desregularización de los contratos y abusos continuos por parte de algunas empresas que les hacen trabajar más horas hasta que no cumplan los objetivos, o que les impiden descansar, a veces hasta dos semanas seguidas, lo que provoca accidentes laborales y enfermedades.

Las camareras de piso exigen que se regularice el sector con contratos específicos según el acuerdo laboral estatal de Hostelería, y no contratos de peón de limpieza o de otro tipo que no responden a su profesión; y reconocimiento de enfermedades profesionales.

También la jubilación anticipada por la dureza de su trabajo; que se impida la externalización que deteriora los salarios y las condiciones laborales; el blindaje de los convenios de hostelería; el aumento de inspectores y de visitas; así como el cumplimiento de las medidas obligatorias de Prevención de Riesgos Laborales.