04 de junio de 2018
04.06.2018
Tribunales

El sistema de concesión de ayudas de la Junta tenía un "ángulo muerto"

La exinterventora Rocío Marcos afirma que, ni en la consejería de Empleo ni en el IFA se podían fiscalizar los pagos debido al cambio de modelo de 2010

04.06.2018 | 16:22
Rocío Marcos, antes de su declaración en el juicio de los ERE

Rocío Marcos, interventora general de la Junta de Andalucía entre abril de 2010 y mayo de 2012 y con más de 30 años en distintos puestos de la Intervención autonómica, ha explicado este lunes que el procedimiento usado para la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares generaba "un ángulo muerto" en el control de estas ayudas.

Así lo ha señalado Marcos durante su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos su predecesor en el cargo, Manuel Gómez, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en los ERE entre los años 2001 y 2011.

En concreto, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, éste pagaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L que la Dirección General allegaba al instituto a través de transferencias de financiación.

Ya en abril de 2010 se aprueba el cambio de modelo, usando la encomienda de gestión como herramienta de financiación de las ayudas, cuyo pago materializa IDEA, en lugar de las transferencias de financiación. Además, ya había procedido a sustituir los convenios particulares para la concesión de ayudas por las resoluciones de pago.

Según Marcos, el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación como instrumento de financiación de las ayudas provocaba como "efecto" que se generaba "un ángulo muerto" en el control de las ayudas, pues en la Consejería de Empleo, donde sí se fiscalizaba la transferencia de financiación, no podían ser fiscalizadas previamente las ayudas porque no existía expedientes de gastos de las mismas; mientras en IFA/IDEA tampoco se podía fiscalizar de forma previa las ayudas ya que sólo materializaba la orden de pago y no tenía el expediente administrativo de las ayudas. Además, IFA/IDEA estaba sometido al Control Financiero Permanente, un modelo de fiscalización a posteriori.

En este sentido, Marcos ha señalado que los dos "efectos" del sistema era la "imposibilidad" de control de las ayudas y el desfase presupuestario en las cuentas de IFA/IDEA, porque el uso de las transferencias de financiación permitía "adquirir más compromisos de concesión de ayudas por adelantado sin que existiera disponibilidad presupuestaria".

Para Marcos, este sistema permitía "agilizar y atender soluciones" ante situaciones "acuciantes", y ha matizado que "la ausencia de control no determina que el proceso fuera irregular".

La ex interventora general ha asegurado que le "repele" que se hable de transferencias de financiación "ilegales", pues, según ha manifestado en varias ocasiones durante su declaración, que continuará este martes, "están en la Ley de Presupuestos" y están "asociadas a un programa presupuestario, en este caso, el 31L".

Marcos, en este sentido, ha explicado que las transferencias de financiación pueden tener finalidades pero "no objetos o singularidades previamente" marcados por el órgano gestor. Además, ha precisado que las transferencias de financiación se usan para actividades de la empresa pública y "cuando se quiere financiar actuaciones de una Consejería el instrumento debe ser la encomienda de gestión", como se recoge en la Ley de Presupuestos hasta el año 2009.

Sobre las transferencias de financiación, con cargo al programa presupuestario 31L, para financiar las ayudas, Marcos ha señalado que "están legalmente vinculadas" a la finalidad del programa, que es la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas.

Preguntada por el representante del Ministerio Fiscal por qué perduró el sistema pese a los informes de Control Financiero Permanente de la Intervención en los que se hablaba de inadecuación de las transferencias, entre otras cuestiones, Marcos ha respondido que "ninguno sabíamos lo que sabemos ahora, entonces hubiésemos hechos cosas diferentes".

Sobre la revisión de expedientes llevados a cabo por la intervención con motivo del informe adicional de Control Financiero Permanente del ejercicio de 2003 de IFA/IDEA conocido en 2005, Marcos ha indicado que se ponía en evidencia que "faltaban elementos esenciales para la concesión de una subvención, que entiendo excepcional porque no existía normativa reguladora".

Entonces, según Marcos, "no imaginábamos que hubiese intrusos en esos expedientes o desviación de fondos", como se conoció en 2010 en el ERE de Mercasevilla, lo que provocó que la Consejería de Empleo suspendiera el pago de las pólizas firmadas para el pago de las ayudas a trabajadores, abriera expedientes de información reservada, solicitara a la Cámara de Cuentas una revisión de los expedientes y se paralizó el procedimiento de concesión.

A la pregunta del fiscal sobre si el hecho de que se evitara el control con este procedimiento permitió "esa situación" (irregularidades como los intrusos), Marcos ha afirmado que, "al menos, lo facilitó". Cuando el caso saltó a la prensa surgió "preocupación" en la administración autonómica, tanto por la presencia de intrusos como "por la tramitación de 800 millones sin control alguno", como le ha preguntado el fiscal.

De otro lado, Marcos ha señalado que el uso de las transferencias de financiación para "amparar" encomiendas de gestión de Consejerías en otras empresas era "bastante frecuente", peor "no tenían los efectos" como la falta de control o deficiencias en el procedimiento como los tuvo en IDEA con las ayudas de los ERE.

Entre otras cuestiones, ha indicado que las transferencias de financiación "se usaban indebidamente" porque había "confusión" en la definición de destinos "ajenos" a la ley "muchas veces" y ha admitido que le hubiese gustado "un seguimiento de las recomendaciones" dadas a la Consejería de Empleo "más efectivo e inmediato", siendo la que más costó asimilar la de la forma de financiación de las ayudas.

Antes del turno de Marcos, ha finalizado la declaración de María Luisa Raya, interventora desde 2010 del Control Financiero Permanente y desde 2013 del Control Financiero Permanente de IDEA, quien ha señalado que las transferencias de financiación usadas para allegar fondos a IFA/IDEA para el pago de las ayudas estaban "mal presupuestadas" y de esa manera "escapan a la fiscalización previa".

Raya ha admitido que en las fichas presupuestarias, que también aprueba el Parlamento, se recogen la finalidad de las transferencias de financiación, pero ha precisado que, a su juicio, están "mal presupuestadas y de esa manera escapan a la fiscalización previa". Además, ha insistido en que éstas "no pueden tener finalidad concreta".

La testigo, en este sentido, el pasado miércoles aseguró que las ayudas se dieron sin fiscalización previa y sin control hasta 2011, cuando llega "el cambio" con la Orden de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores afectados por expedientes de reestructuración de empresas en la comunidad.

Raya, autora de informes definitivos de Control Financiero Permanente de IDEA desde el correspondiendo al ejercicio 2009, ha señalado en varias ocasiones que el papel de IFA/IDEA era el de materializar el pago de las ayudas.

Durante su declaración se le ha exhibido diferentes informes de Control de Financiero Permanente de la Agencia sobre la labor de ésta en el pago de las ayudas, en éstos no se recogían recomendaciones a IFA/IDEA, entre otras cuestiones, porque la gestión "no se le imputa al ente". "A IFA/IDEA le viene impuesta por Empleo la vía de financiación" de las ayudas, ha añadido.

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