El Gobierno andaluz ha tramitado a través de la Dirección General de Consumo más de 3.100 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de iDental en la comunidad (la mayor parte, más de 2.000, en el primer semestre de este año) y ha iniciado 35 procedimientos sancionadores por una sanción de multa de 1,2 millones de euros. Los datos fueron expuestos ayer por la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el pleno del Parlamento de Andalucía, donde informó de que su departamento ha remitido varios casos relacionados con la atención sanitaria y el cierre de las clínicas dentales iDental en Andalucía al Ministerio Fiscal.

Álvarez explicó que la Inspección de Servicios Sanitarios ha recibido y tramitado 112 reclamaciones o denuncias efectuadas por particulares o colegios profesionales y ha realizado 145 actuaciones inspectoras en las seis clínicas con sede en Andalucía. Las actuaciones inspectoras han incluido múltiples visitas, reuniones con peritos y denunciantes, con Industria, ayuntamientos y con los colegios profesionales, dijo.

Además, desde los Servicios Provinciales de Consumo se están analizando las reclamaciones recibidas para su remisión a la Fiscalía en los casos en los que se detecte que se haya podido producir un delito de estafa. En este sentido, según confirmó Álvarez, ya se han remitido a las Fiscalías de las Audiencias de Sevilla y Córdoba los casos en los que se considera la posible existencia de un delito de estafa. La Fiscalía de Córdoba ha decidido iniciar diligencias previas y dar traslado a la policía judicial.

La consejera ha garantizado que se está realizando en el caso de iDental «todo el trabajo posible dentro de nuestras competencias tanto de Consumo como sanitarias» y ha transmitido todo el apoyo del Gobierno andaluz a las personas afectadas, que se habían concentrado en las puertas del Parlamento andaluz.