La Junta acuerda destinar 542 millones para combatir la precariedad laboral

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presidido la firma de este documento, que en sus once ejes incluye iniciativas para el refuerzo y adecuación de las políticas activas de empleo; actuaciones y ayudas concretas para reducir el paro y fomentar la estabilidad en los contratos; programas de mejora de la salud laboral y la defensa de un nuevo modelo formativo, entre otras.

Díaz que ha recordado el acuerdo firmado la semana pasada para el empleo en el sector público y la creación este pasado martes del Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social (Caees) y las cifras macroeconómicas previstas para 2018, ha señalado que "las familias tienen que sentirlas" y de ahí este acuerdo.

En concreto, ha apuntado que los dos objetivos fundamentales del acuerdo es la estabilidad y la calidad en el empleo y, por otro lado, la negociación colectiva. Esto se une al "refuerzo" de la Formación Profesional.

El acuerdo, que ha sido firmado por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero; las secretarias generales de CCOO-A y UGT-A, Nuria López y Carmen Castilla, y el presidente de la CEA, Javier González de Lara, es fruto del diálogo social abierto en el mes de junio de 2017 a través de la Mesa por la Calidad y la Estabilidad en el Empleo. Este proceso supuso la formación de cuatro mesas técnicas de las que se obtuvieron 173 medidas que se desarrollarán hasta finales de 2019, periodo de vigencia del acuerdo.

El bloque con mayor aportación presupuestaria, 339 millones de euros es el dedicado a la "aprobación y el impulso de medidas de fomento del empleo estable y de calidad". En este apartado también se comprometen al desarrollo de planes de empleo en colaboración con los ayuntamientos, el desarrollo de prácticas no laborables y ayudas a la contratación de los jóvenes como el Bono Empleo. La Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha algunas de las medidas incluidas en este bloque, como los incentivos a la contratación estable y el Bono Empleo.

Políticas activas de empleo

El segundo capítulo con mayor dotación presupuestaria, 159,45 millones de euros, es el destinado a la "adecuación de las políticas activas de empleo para la mejora de la empleabilidad y adaptación a las necesidades del mercado laboral".

En este apartado, los agentes sociales y la Junta también se comprometen a reclamar al Gobierno central la revisión de los criterios de reparto de las políticas activas de empleo.

Otro eje importante del acuerdo, dotado con 35 millones de euros, es la puesta en marcha de un nuevo modelo formativo adaptado a las demandas del tejido productivo, especialmente en los sectores aeronáuticos y naval en Andalucía y a los nuevos perfiles relacionados con los procesos de digitalización de la economía.

Con este objetivo se pondrá en marcha previamente y de manera conjunta con los agentes económicos y sociales, un sistema de detección de las necesidades formativas. También se instará al Gobierno central a que reforme el actual marco normativo de Formación Profesional para el Empleo.

Asimismo, la Consejería fortalecerá el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y mejorará su calidad, con una partida de seis millones de euros, dentro de la ejecución de un Sistema de Evaluación de las Políticas Activas de Empleo.

1,1 millones para negociación colectiva

El acuerdo incluye igualmente el desarrollo de un Plan de apoyo que refuerce la negociación colectiva andaluza (2018-2021), con 1,13 millones de euros de presupuesto. En este sentido, se ha convenido afianzar el diálogo y la concertación social para establecer acciones que generen empleo estable y de calidad, con especial hincapié en aquellos colectivos más desfavorecidos y castigados por la crisis económica.

Por otro lado, el pacto recoge que se instará al Gobierno central para que refuerce los medios materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, dotándolos de un cuerpo de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral suficiente y constituyendo Unidades de Seguridad y Salud Laboral en todas las provincias andaluzas, como instrumento necesario para la lucha contra la siniestralidad laboral.

Además, la Junta se ha comprometido a desarrollar un sistema de detección de enfermedades profesionales y su declaración en Andalucía para el conjunto de los sectores productivos, con atención particular al cáncer de origen laboral. Esta medida, que cuenta con una inversión de unos 300.000 euros, conllevará un plan de actuación y su adaptación a los cambios del mercado laboral.

Dentro de este mismo ámbito de la salud laboral, se realizará un análisis periódico de la siniestralidad laboral en todos los sectores, especialmente en la construcción y la agricultura, para la planificación de campañas específicas; se desarrollará anualmente el Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL; y se reforzará la figura del ConsejoAndaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

Por último, se ha acordado impulsar en los procesos de contratación pública las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos se cumplan las condiciones sociales o laborales previstas en los convenios colectivos que resulten de aplicación, conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos delSector Público.

Agentes socio-económicos

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha dado la "enhorabuena a los compañeros" que han negociado este acuerdo, que va a contribuir a la creación de empleo de calidad y a la vertebración social. Asimismo, ha señalado el apoyo que recibe la negociación colectiva y ha destacado la creación de una comisión de seguimiento del cumplimiento del mismo.

En nombre de CCOO-A, su secretaria general, Nuria López, tras criticar las consecuencias de la última reforma laboral, "los recortes" y las políticas de austeridad del anterior Gobierno central, ha señalado que este acuerdo servirá para que "la recuperación se asiente y coja fuerzas" en Andalucía.

Por último, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha pedido colocar en el centro del debate político a la empresa, para la que ha pedido "más libertad, más seguridad jurídica y menos trabas burocráticas. Así, ha señalado que la CEA es "proactiva" para conseguir que "se cambien las cosas" teniendo en cuenta que "firmar un acuerdo siempre es mejor". En este sentido, ha puesto en valor el diálogo social en la comunidad andaluza.