La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantó ayer que el decreto que firmó este lunes para adelantar la convocatoria de las elecciones autonómicas al domingo 2 de diciembre de 2018 fija el jueves 27 de diciembre como fecha constitutiva del nuevo Parlamento que surja de las urnas.

El decreto firmado por Susana Díaz establecerá la disolución del Parlamento elegido el 22 de marzo de 2015 y la convocatoria de las elecciones a la Cámara autonómica para el domingo 2 de diciembre, casi cuatro meses antes de que concluya la legislatura, ya que de agotar mandato debían tener lugar a finales de marzo de 2019.

La campaña electoral durará 15 días, se iniciará a las 00.00 horas del día 16 de noviembre y finalizará a las 00.00 horas del sábado 1 de diciembre, que será la jornada de reflexión. La sesión constitutiva del Parlamento, tras los comicios, tendrá lugar el 27 de diciembre.

La disolución del Parlamento implica además la prohibición de realizar publicidad institucional hasta la fecha electoral. El artículo 6 de la Ley andaluza de Publicidad Institucional establece que este tipo de actividad «no puede llevarse a cabo en el periodo comprendido entre el día de la publicación de cualquier convocatoria electoral con incidencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el día de la votación». No obstante, dicha norma establece que esta limitación no es aplicable a las actividades publicitarias «relacionadas con la organización y desarrollo de los correspondientes procesos electorales; la comunicación pública que las administraciones lleven a cabo con carácter estrictamente informativo, en forma de convocatoria o aviso o relativa al funcionamiento de servicios; las actividades publicitarias necesarias para la salvaguarda del interés general o para el desarrollo correcto de los servicios públicos; y aquellas actividades publicitarias que vengan exigidas legal o reglamentariamente».

Asimismo, el Parlamento andaluz cierra la legislatura con una treintena de leyes aprobadas, una decena de decretos leyes convalidados, dos comisiones de investigación y dos grupos de trabajo sobre la reforma del modelo de financiación autonómica y de la Ley Electoral.

De las dos comisiones de investigación constituidas -en los 36 años de historia de la Cámara andaluza se han creado cuatro-, sólo la de los cursos de formación para el empleo finalizó su trabajo, aunque sin acuerdo, mientras que la de la gestión de fondos públicos de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) quedará disuelta al haberse convocado elecciones. Algo similar ocurrió con la primera comisión de investigación del Parlamento andaluz en 1995, relativa a créditos concedidos a dirigentes socialistas por la antigua Caja de Jerez, que decayó por la convocatoria de comicios dos años antes de que terminara la legislatura, y la de los ERE fraudulentos de la Junta terminó sin dictamen por falta de acuerdo.

Respecto a los grupos de trabajo, el de financiación autonómica concluyó con un documento de propuestas para la reforma del actual modelo que fue avalado por todos los grupos excepto Ciudadanos(Cs), mientras que el de la reforma de la Ley Electoral de Andalucía finalizó con un dictamen aprobado con los votos del PSOE y el PP (Podemos y Cs se abstuvieron e IU votó en contra).

En cuanto a las iniciativas legislativas, se han aprobado una treintena, incluidos los tres presupuestos pactados por PSOE y Cs, así como la ley de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a los partidos por los gastos electorales de 2015. Se ha dado luz verde también a la Ley contra la Violencia de Género; la del Cine; de modificación de la Ley de Cooperativas; del Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2017; de Fomento del Emprendimiento; del Voluntariado; de derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas, y de creación de los Colegios Oficiales de Economistas y de Titulares Mercantiles de Andalucía. El resto de las leyes remitidas por el Gobierno andaluz y aprobadas son las del Deporte; la de Participación Ciudadana; de los Derechos de las Personas con Discapacidad; de Servicios Sociales y la Ley de Memoria Histórica, entre otras.