La defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez alegó ayer que «la Consejería de Hacienda tiene menos información que el Parlamento» sobre el Presupuesto al no acceder a las cuentas generales ni a los datos de ejecución del gasto ni participar en el debate de las enmiendas al proyecto.
El abogado Rafael Alcácer defendió que «si tan notorio y relevante era este sistema de ayudas» investigadas en el caso ERE, que concedía la Consejería de Empleo y pagaba la agencia pública IDEA con fondos que le remitía mediante transferencias de financiación, eso «es contradictorio con que el Parlamento no lo conociera» y supone un «doble rasero» por parte de la Fiscalía.
Para la defensa de Álvarez -que afronta 10 años de inhabilitación acusada de prevaricación-, en la causa «no hay ningún documento que la Consejería de Hacienda tuviera a su disposición y que el Parlamento no tuviera que le permitiera conocer el modo de gestión» de las ayudas ya que sólo si tuviera información de cómo se gastaba, que la Consejería de Hacienda no tenía por qué tener, conocería esa forma de gestión.
Incidió en que la participación de la Consejería de Hacienda en materia presupuestaria se centra en la fase prelegislativa, ya que es el Consejo de Gobierno quien aprueba el Anteproyecto de Ley que ya en forma de Proyecto de Ley remite al Parlamento para su aprobación, y además la forma de presupuestar el crédito «no conlleva ni la elusión de la fiscalización previa ni el uso del procedimiento debido, sea cual sea, en la concesión de las ayudas».
Ambas presuntas irregularidades fueron reseñadas por la Intervención de la Junta en los informes de control financiero permanente de IDEA, especialmente en el informe adicional del ejercicio 2003 enviado en 2005, cuando ya Álvarez no era consejera de Hacienda (cesó en febrero de 2004).
Por ello su abogado incidió en que la exconsejera de Hacienda no tuvo acceso a ese informe adicional y presuponer además que a la titular de esta consejería llegaban inmediatamente los informes trimestrales de 18 empresas públicas que ademas no dependían de su Consejería es tener una «imagen distorsionada» de cómo funciona la administración pública pues de ser así «no haría otra cosa».
Mientras, la defensa de su sucesora en el cargo Carmen Martínez Aguayo alegó ayer que el juicio de los ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta «pone patas arriba nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Penal porque en el fondo la acusación está cuestionando al poder Legislativo».
El catedrático Víctor Moreno Catena comenzó ayer a exponer su informe final en el que pide la absolución para Aguayo, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación acusada de prevaricación y malversación. El letrado arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP-A y Manos Limpias por basar su acusación en que la Ley de Presupuestos andaluza que durante diez años contenía las ayudas investigadas era «errónea o nula», al ver «un disparate sostener que una ley pueda ser ilegal, porque el legislador es soberano».
Como otras defensas que le han precedido, criticó la falta de concreción por parte de las acusaciones de qué hechos concretos atribuyen a cada uno de los 21 procesados y, especialmente, se preguntó «qué reproche final» hacen a su defendida, pues en el marco del «largo proceso anual de elaboración de los presupuestos no especifican cuál fue su aportación decisiva».
