­El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, cumplirá hoy el sueño de su vida tras ser votado en el Parlamento regional como el séptimo presidente de la autonomía con los sufragios de su partido (26), Ciudadanos (21) y Vox (12), aunque lo hará liderando un Ejecutivo con un difícil juego de mayorías (del centro a la extrema derecha) y la contestación ciudadana después de que la formación ultranacionalista pidiera la derogación de la ley de violencia de género de la autonomía. Ayer, el todavía candidato a presidir Andalucía pidió la confianza de la Cámara en un discurso de una hora y media corta en el que fue aplaudido veinte veces y en el que agradeció a la aún presidenta en funciones, Susana Díaz, los servicios prestados. Más allá de los guiños a Vox y el puño de hierro en guante de seda empleado con los socialistas, desgranó sus cien medidas de Gobierno, entre las que destacan la supresión inmediata del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la reducción drástica de lo que se ha dado en llamar «administración paralela».

En su discurso, Moreno enseñó sus dos almas o las dos divisiones de esta: zahirió y arremetió contra los socialistas y su «red clientelar», contra la resistencia al cambio, pero también se mostró como un presidenciable dialogante y reformista, aunque eso sí, hablará con todos «sin cordones sanitarios», dijo en una pirueta dialéctica cuasi freudiana para justificar el apoyo de Vox.

Comparó su Gobierno naciente con la Transición española, al enseñar su cara más sonriente y dialogante, pero golpeó con ritmo y fuerza pugilística al hablar de que Andalucía «no crece al ritmo necesario» para converger con España porque «así interesaba a quienes hasta ahora han gobernado esta tierra». Defendió la alternancia tranquila, normal, pero atacó la velocidad de crucero en la que el PSOE ha sumido a Andalucía, vino a decir, lo que «unido a la conformación de una red clientelar mediante prácticas que a día de hoy están en manos de la Justicia, permitió a la clase dirigente acomodarse en el poder». Reclamó que no fomenten la crispación ni la división social (ayer ya hubo manifestaciones de colectivos feministas, LGTBI y sindicales) y enseñó su sonrisa a VOX al hablar «de la defensa de los intereses de los andaluces en una España unida, fuerte y próspera», por lo que se opondrá «a los privilegios a favor de territorios a cambio de apoyos para sostener a un presidente del Gobierno».

Entre el público, los expresidentes populares en la región Javier Arenas y Teófila Martínez, arrollados por la maquinaria socialista durante cuarenta años, aunque el de Olvera logró ganar las elecciones de 2012 con 50 escaños, pero no llegó a la mayoría absoluta. También estaba el alcalde, Francisco de la Torre, que ya le ha puesto deberes a Moreno, y la exalcaldesa malagueña, Celia Villalobos. Recibió una veintena de aplausos y el discurso tuvo esas dos caras, una amable para presentarse como un presidente fiable y otra dura y correosa, afeando a los socialistas que Andalucía haya ido tanto tiempo «en el furgón de cola». La región, por tanto, necesita una transición.

De las cien medidas, destacó una auditoría integral de la Junta y reformar la ley para limitar a ocho años el mandato de presidentes y consejeros, la supresión de los aforamientos y una ley para quienes denuncien casos de corrupción. Adelgazar la administración es una de sus promesas estrella. «A lo largo de cuatro décadas, la Junta ha acumulado un número ingente de organismos, agencias y entidades no siempre con funciones bien definidas, salvo el buscar acomodo a personas bien relacionadas con el poder», señaló, por lo que avanzó que reclamará el dinero defraudado en los ERE en los juzgados, suprimirá el Consejo Consultivo, reformará la Cámara de Cuentas para que sus informes sean de obligado seguimiento y eliminará todos los entes «innecesarios», garantizando así su despolitización.

También aludió Moreno a una batería de medidas en pro de la transparencia, como una modificación de la Ley de Hacienda Pública para mejorar el control de los fondos públicos, una norma de subvenciones para regular en condiciones las ayudas públicas y la creación de un cuerpo superior de interventores y auditores. En este mismo campo de acción, se hará pública la información sobre contratación, se restringirá la libre designación y se recuperarán paulatinamente todos los derechos de los funcionarios andaluces, así como se reformará también la Ley Electoral andaluza para mejorar la proporcionalidad de los escaños y racionalizar los gastos electorales.

Atacó, incluso, el desempleo, con el que el PSOE, vino a argumentar, se acostumbró a vivir. «Se ha gobernado como si el desempleo fuera un elemento intrínseco a la realidad social andaluza», señaló, para asegurar que su acción de gobierno va a ir encaminada a acabar con esta lacra. Hablará con profesionales, empresarios, autónomos y sindicatos, a los que pidió colaboración leal, prometió iniciar ya los trámites para eliminar en la práctica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, amén de rebajar el tramo autonómico del IRPF, además de anunciar medidas de apoyo a los autónomos y planes de empleo público-privados. En el apartado económico, habló de impulsar la competitividad del sector turístico andaluz.

Entre otros anuncios, desveló un pacto estratégico para la competitividad en el campo andaluz, un pacto andaluz por el agua para planificar infraestructuras hidráulicas y destacó una nueva Ley del Suelo para agilizar la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).

En materia cultural, protegerá el flamenco con una nueva ley, creará una tarjeta turística cultural regional y, al recordar al exedil malagueño Antonio Garrido Moraga, fallecido hace un año, aseguró que tratará de que la cultura popular andaluza -se refería, claro está y entre otras cosas, a la Semana Santa- sea «cum laude en nuestra tierra».

Habló de abrir las puertas de la Junta a los alcaldes, aunque no pronunció ni una vez el nombre de su ciudad, Málaga, tal vez para sobrevolar las tensiones territoriales inherentes a la idiosincrasia local. Prometió equiparar a sanitarios y docentes con los de otros territorios en cuanto a sus salarios, así como de dignificar las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia, anunció que acabará con la controvertida subasta de medicamentos e implantará el cribado de colon en toda la autonomía.

Su agenda educativa es también amplia, aunque destacan un plan contra el abandono escolar, la extensión del bilingüismo o el impulso de la educación concertada, además de considerar a los maestros y profesores como autoridad pública.

En familia, exigencia de Vox, hará una ley con especial atención a familias numerosas y monoparentales e impulsará un cambio cultural por el que se eduque a niños y niñas en los mismos valores de igualdad. Se comprometió a actuar para sacar de la contienda política la violencia de género, aunque la lucha contra el maltrato debe ser construida, dijo, sobre lo que ya tenemos, «sumando, enriqueciendo, mejorando leyes». «Quienes sufran violencia física, psicológica o social, de cualquier tipo y en cualquier ámbito, encontrarán en mi Gobierno un refugio seguro», destacó.

Luego, agradeció a Díaz, con aciertos y errores, su acción de gobierno y destacó a los andaluces asesinados por ETA, entre los que destaca Martín Carpena. Hoy, Moreno será elegido presidente de la Junta, el primero nacido en Málaga y de otro partido que no sea el PSOE; el séptimo de la historia autonómica, aunque del equilibrio entre sus socios, complicado a priori por las tensiones internas naranjas y las externas de Vox, dependerá su éxito.