El Consejo de Gobierno puso ayer en marcha las actuaciones dirigidas a reformar el Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos de los políticos, un camino «largo y complejo» en el que espera contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Así lo anunció al término de la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que señaló que los aforamientos son «un privilegio que tradicionalmente se ha justificado en que las funciones de los aforados necesitaban mecanismos específicos de protección». «Eran otros tiempos, que ahora han cambiado, y la sociedad actual demanda más democracia y que todos seamos más iguales», dijo Bendodo, que recordó que la supresión del fuero afectaría al presidente de la Junta, los consejeros y los diputados autonómicos.
La Junta plantea por ello un proyecto de reforma del Estatuto que requiere de la mayoría de dos tercios de la Cámara para poder arrancar, por lo que el consejero confió en poder conseguir los apoyos necesarios de los partidos con representación parlamentaria.
«Vamos a apelar a que este interés es compartido por todos», dijo Bendodo, que destacó que este camino «ya lo recorren otras comunidades autónomas». Insistió en que los trámites serán largos pero su inicio «sirve como declaración de intenciones de este Gobierno». «Lo importante muchas veces es tomar la decisión, y ya está tomada», sentenció el consejero de la Presidencia, que sostuvo que la supresión de los aforamientos «es algo que demandan los andaluces».
Detalló que para ser aprobada esta iniciativa necesita, junto a la mayoría de dos tercios del Parlamento, el refrendo de las Cortes Generales y el sí en un referéndum que habrá que celebrar en un plazo máximo de seis meses desde la ratificación de las Cortes. Según indicó Bendodo, existe también una «vía simplificada», aplicable cuando la reforma no afecta a las relaciones de la comunidad autónoma con el Estado, una posibilidad que «habrá que estudiar».
Tras la decisión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, deberá iniciar ahora una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios «para intentar el mayor consenso posible, si no la unanimidad» de los partidos con representación en la Cámara.
Protección a los denunciantes
Bendodo anunció también el inicio de las actuaciones necesarias para proteger a las personas que denuncien corrupción o fraude en Andalucía. Según explicó, se va a garantizar el derecho a la protección de «quienes se atreven a denunciar prácticas fraudulentas», a quienes se les blindará en el aspecto laboral y se les asegurará también asistencia jurídica.
El PSOE-A, por su parte, consideró «demagógica y oportunista» la iniciativa del Consejo de Gobierno de poner en marcha las actuaciones dirigidas a suprimir los aforamientos de los políticos, aunque subrayó que no tiene «nada que objetar» sobre la propuesta en sí misma.
Mientras, Adelante Andalucía saludó la decisión del Gobierno andaluz de reformar el Estatuto de Autonomía, aunque la calificó de «insuficiente» y pidió que suprima también los «sobresueldos opacos» cuantificados en «millones de euros» anuales.
