El PP y Ciudadanos activaron ayer en el Parlamento autonómico el procedimiento para eliminar los aforamientos en Andalucía, que implica una reforma del Estatuto de Autonomía, y que -según la formación naranja- podría concluir antes del verano, plazo que cuestionan los populares.
En cumplimiento del acuerdo de Gobierno, ambas formaciones presentaron una proposición de ley para eliminar los aforamientos del presidente, los consejeros y 109 diputados autonómicos. En la práctica, la medida supone que estos cargos deberán responder ante la justicia ordinaria en lugar de ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para lo que ambos partidos han presentado un propuesta de ley que plantea modificar tres artículos del Estatuto (101, 118 y 142) y suprimir otro (122).
La iniciativa de los socios de gobierno pasa por utilizar el procedimiento simplificado para reformar el Estatuto y que esta sea aprobada por lectura única, lo que implica llegar a un acuerdo con todos los partidos.
Sin embargo, el «complejo y difícil» proceso político ha hecho que los portavoces parlamentarios del PP y Cs discrepen tanto en el ritmo como en los plazos de tramitación. El portavoz de la formación naranja, Sergio Romero, que defendió el final de estos privilegios, sostiene para justificar la prisa en la reforma que Andalucía «va tarde para entrar en el siglo XXI», y admitió que si no se aprueba por lectura única se dilatarán los plazos en el tramite parlamentario.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, que compareció por separado, rebajó los plazos de Ciudadanos y, además, reconoció que no se han producido negociaciones con el resto de los grupos que hagan pensar en un acuerdo a corto plazo de todos para llegar a la lectura única.
Nieto destacó el compromiso de su partido en cumplir lo pactado sobre los aforamientos con Cs, pero aclaró que su eliminación «no es una prioridad» para el PP, calificó de «complejo y difícil» el procedimiento y consideró «muy aventurado» que estén suprimidos antes del verano.
Para ser aprobada por el Parlamento, la reforma del Estatuto requiere la mayoría cualificada de dos tercios (73 diputados) y obliga a que la Cámara consulte a las Cortes Generales para que éstas decidan si afecta a las relaciones de Andalucía con el resto del estado. Otro problema que puede encontrar la reforma es que el Congreso y el Senado están actualmente disueltos por las elecciones generales de 28 de abril. Tendría que ser la Diputación Permanente del Congreso la que dé el visto bueno para celebrar un referéndum de ratificación de la reforma del Estatuto o esperar a que se constituyan de nuevo las cámara Alta y Baja.
Una vez que la reforma sea ratificada en referéndum, además, las Cortes deberán aprobar una ley orgánica para suprimir los aforamientos.
El PSOE-A, por su parte, tildó ayer de «aberrante» que PP y Cs hayan activado «de espaldas» al resto de los partidos el procedimiento para eliminar los aforamientos. «Hacerlo solos es una irresponsabilidad tremenda porque están abriendo un proceso que requiere un procedimiento muy largo y, a la hora de tocar el Estatuto, como la Constitución, hay que delimitar para qué», dijo en rueda de prensa el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo.
