El juzgado de instrucción número tres de Sevilla ha archivado la vía penal en torno a la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a la agrupación empresarial México Minorbis, presentada por la otra empresa que se presentó al concurso, Emerita-Forbes Manhattan.
En un auto facilitado a Efe, la titular del juzgado, Patricia Fernández, decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia de Emerita Resources contra la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la resolución del concurso público para adjudicar la explotación de Aznalcóllar por considerar que «los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas».
Esta decisión, que puede ser recurrida, abre la puerta a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) retome el caso después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenase su suspensión en noviembre de 2018 a la espera de resolverse la causa penal.
«El procedimiento observado ha sido el correcto», asegura en su auto la juez, que añade que «no puede afirmarse la concurrencia de los requisitos descritos como propios de la prevaricación en el procedimiento y trámites del concurso», y recuerda que no se ha podido acreditar que las decisiones de la Junta «fueran tendentes a beneficiar a Minorbis, como filial del grupo Magtel, fundamentado ello en la amistad que uniría a la familia López Magdaleno [propietaria de Magtel] con altos cargos» de la Junta.
La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se congratuló de que se haya archivado la vía penal de la denuncia, y espetó refiriéndose al PP: «Espero que cuanto antes pidan perdón». «No tuvieron ningún pudor en poner en peligro el futuro de ese municipio, ni en poner en cuestión el honor de los funcionarios de la Administración autonómica y de miembros del Gobierno andaluz», se quejó la expresidenta autonómica.
