El Gobierno andaluz ha detectado a 34.373 personas que el anterior Ejecutivo socialista «había ocultado» y no estaban contabilizadas en las listas oficiales de espera del sistema de la dependencia, denunció ayer el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. Esa cifra se corresponde con las personas que han presentado la solicitud pero no han sido llamadas para su valoración, lo que incrementa en un 45,8% las cifras oficiales y el total se eleva a 109.470 personas. «Este nuevo engaño lo vamos a corregir con un plan de choque valorado en 77 millones», avanzó Bendodo, quien recordó que este «fraude» se suma al de las listas de espera en la sanidad andaluza, en las que el anterior Gobierno socialista «había ocultado», según el nuevo Ejecutivo, medio millón de andaluces.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Rocío Ruiz, explicó que de la cifra total de la lista de espera hay 75.097 valoradas pendientes de que se les asigne prestación, de las que 8.196 son grandes dependientes y de estos más de 300 son menores de 3 a 18 años; 17.229 tienen dependencia severa y 49.672 moderada.
Dos listas
Según la consejera, hay dos listas de espera, la que aparece en la web y otra «ficticia» de personas que existen pero que no aparecen porque han presentado la solicitud por escrito y no están registradas telemáticamente y cuyo número se desconoce. Estos datos «conmueven y dan vergüenza», dijo la consejera, quien denunció el colapso en las listas de espera desde hace años y el incumplimientos de los plazos legales, así como «dejación de funciones y sobre todo falta de humanidad».
Además, acusó al anterior Gobierno socialista de falta de transparencia en las listas de espera de dependencia y atribuyó el «colapso» a una falta de medios humanos y técnicos. Para afrontar esto, la Junta anunció ayer un plan de choque con el objetivo de simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios.
Se prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.
Desde que se presenta la solicitud para tener derecho a una prestación de dependencia pasan meses y en algunos casos años y desde ahí hasta tener reconocido el derecho y el tipo de prestación pasa otro período largo de tiempo, pero a partir de ese momento se cumplen los seis meses que establece la ley para recibir la prestación, explicó Rocío Ruiz. En este sentido, avanzó que se agilizarán las valoraciones simplificando los trámites. También se impulsará la digitalización de las solicitudes.
Otro de los objetivos será acelerar la incorporación al sistema de las personas que tienen reconocido el Grado I o dependencia moderada, que es el que menor cobertura tiene en la actualidad.
En su respuesta, el PSOE-A dijo que «miedo da» lo que puede hacer el Gobierno andaluz en relación con el sistema de dependencia. El coordinador de la Secretaría General del PSOE-A, José Fiscal, recordó las «mentiras y la manipulación» de la Junta en relación con las listas de espera en dependencia y defendió que los gobiernos del PSOE-A incorporaron a 212.000 personas al sistema, las mantuvo y se siguió avanzando, pese a que los gobiernos del PP en España no aportaban el 50% de la financiación que les correspondía, sino que sólo daban el 18% y la Junta tenía que poner el 82%.
