El Gobierno andaluz aprobó este martes una rebaja progresiva en cincos años del tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas para equiparar la cuota autonómica a la estatal en el IRPF, algo que supondrá la «devolución al bolsillo» de los contribuyentes de 149 millones anuales a partir de 2023. La reforma fiscal, fruto del acuerdo de Gobierno con Ciudadanos y de investidura con Vox, también contempla la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones y la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para familias numerosas y el de actos jurídicos documentados.
El coste presupuestario de estos dos últimos impuestos será de 14,7 millones en este 2019, y el impacto en las arcas públicas de la reforma del IRPF y Sucesiones y Donaciones (85 millones en cinco años) se elevará a 235 millones en 2023.
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, explicó tras el Consejo de Gobierno que la merma de ingresos fiscales se compensará con una mayor recaudación (que la Junta no ha cuantificado aunque confía en que se produzca por la experiencia en España cuando se han bajado impuestos), y también con una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Bravo insistió en que es necesario probar una fórmula distinta de gestión de los recursos públicos porque «no ha funcionado bien» la que han aplicado durante 37 años los gobiernos socialistas, ya que no ha sacado a la comunidad de la cola en los indicadores de PIB per capita y de desempleo, entre otros.
En cuanto a la reforma del IRPF, en cuatro años, el tipo máximo bajará tres puntos y, de forma progresiva, se reducirá el gravamen en todos los tramos. Algunos de ellos se unifican. El primer tramo, el de las rentas más bajas, pasará del 10% al 9,5%; el segundo, de 20.200 euros a 35.000 euros, pasa del 16,5% al 15%; el tercero, de 35.200 a 60.000 euros, del 19% al 18,5%, y a partir de 60.000 pasa del 23,5% al 22,5%. Se elimina el tramo para rentas a partir de 120.000 euros, por lo que el tipo impositivo máximo pasará del 25,5% al 22,5%.
El consejero defendió que el tramo de las rentas más altas es el que más se rebaja porque el objetivo es llevar la tributación a la escala estatal y subrayó que la apuesta es «dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos». El primer tramo de la tarifa autonómica del IRPF (las rentas más bajas) empezará a reducirse en este ejercicio y alcanzará su tributación definitiva en 2020, por lo que no tendrá impacto presupuestario hasta 2021, cuando se produzca la liquidación definitiva con el Estado por las entregas a cuenta de 2019,
Sobre la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para cónyuges y familiares directos, Bravo incidió en que «por cobrar una vez ese impuesto no se puede renunciar a que ese ciudadano no contribuya con otros impuestos a lo largo de su vida» porque decida trasladarse a otra región con más ventajas fiscales.
En el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados los potenciales beneficiarios son unas 130.000 familias numerosas a las que se les aplicará un tipo reducido por la compra de vivienda habitual.
Para los impuestos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) se establece un tipo reducido para familias numerosas en la compra de su vivienda habitual si ésta no supera el valor de 180.000 euros. El tipo aplicable en las TPO pasa del 8% al 3,5%, y el que se aplica en los AJD (escrituras y documentos notariales) pasa del 1,5% al 0,1%. Ambos impuestos son incompatibles (se paga TPO si la vivienda es de segunda mano o AJD+IVA si es nueva).
También afecta la reforma a los empresarios en la tributación por la compra de inmuebles y se reduce del 2% al 1,5% el tipo aplicado en el impuesto de actos jurídicos documentados a las empresas que adquieren inmuebles con renuncia a la exención de IVA. De esta forma, se rebaja el tipo hasta el nivel de comunidades como Madrid, Asturias o La Rioja.
Bravo detalló que el coste de la bonificación al 99% de Sucesiones y Donaciones para este 2019 es de 14,7 millones, mientras que la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales en materia de familias numerosas supone un impacto de tres millones, y, en AJD para empresarios profesionales, de nueve millones.
No obstante, precisó que todo se compensa con el incremento previsto en la recaudación en AJD por préstamos hipotecarios (16 millones ), con lo que el coste de la reforma para 2019 en las arcas andaluzas sería de 10,7 millones
«El coste de 14,7 millones en donaciones y sucesiones en 2019 es 17 veces menos de los que cuesta a la Junta el pago de la sentencia del metro de Sevilla, cinco veces menos que el pago de intereses y 14 veces menos que lo que pagará la Junta este año en sentencias judiciales», destacó.
Críticas del PSOE
Desde la oposición, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, pidió al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que explique de dónde «quitará» los 40 millones de euros que dejarán de recaudarse por la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. En una entrevista con Onda Cero, Susana Díaz insistió en el objetivo del Gobierno andaluz es bajarle los impuestos «a los más ricos», a «los suyos», mientras que las clases medias y trabajadoras no van a notar «nada». Díaz dijo que, actualmente, en Andalucía hay 300 grandes fortunas que tendrían que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones por superar el millón de euros, lo que supondría esa recaudación de 40 millones.
Por su parte, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) valoró el paso dado por el Ejecutivo andaluz «para favorecer la reducción de la presión fiscal en Andalucía». De esta medida se beneficiarán, según expresó la CEA, «también las empresas andaluzas y los autónomos, equiparando gradualmente la fiscalidad con la de otras comunidades autónomas, facilitando la competitividad de las empresas y la mejora de la inversión y el empleo».
La CEA destacó que estas medidas suponen «un avance para la gran reforma fiscal que necesita la economía andaluza» y consideró necesaria esta reforma para «armonizar la fiscalidad andaluza con las de otras comunidades en las empresas, las rentas y los ciudadanos», lo cual «ha sido una demanda permanente de los empresarios».
